El pasado miércoles 28 de octubre la Oficina General de Tierras de Texas (GLO, por sus siglas en inglés) publicó en sus redes sociales un anuncio donde supuestamente el estado estadounidense de Texas había “identificado” nueve islas en el río fronterizo. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió dos días después: “la frontera no puede modicarse por decisión de un gobierno estatal”.
La dependencia texana lo había “celebrado” en sus redes sociales. Mediante un comunicado, donde se ‘apropiaban’ nueve islas en el cauce del Río Bravo, anunció que Dawn Buckingham, comisionada de Tierras de Texas, había “identificado nueve islas a lo largo del Río Grand que ahora pertenecen a Texas”.
Big win for the State of Texas! 🙌
Commissioner Dawn Buckingham, M.D., was proud to announce yesterday that the Texas General Land Office has identified nine islands along the Rio Grande that now belong to Texas.
Totaling about 66 acres, these islands now fall under the jurisdiction of the State of Texas, which will grant federal and state law enforcement the authorization to protect and clear these lands of any illegal activity.
Thank you to @DailyCaller for highlighting the GLO’s efforts to keep all of our communities safe along the Texas-Mexico border!
Read the full article here:
https://t.co/KKJvGQZO5V— Texas General Land Office (@TXGLO) October 28, 2026
¿Por qué lo hicieron?
Agregó que además de alrededor de 66 acres, las islas en cuestión caían “bajo la jurisdicción del Estado de Texas”. El motivo radicaba en que las fuerzas del orden texanas podían iniciar “la autorización para proteger y limpiar estas tierras de cualquier actividad ilegal”.
De esta manera, Texas se atribuye el derecho de asegurar el control de “la frontera sur y eliminar posibles escondites de narcotraficantes”.
“Gracias a (Buckingham) por destacar los esfuerzos de la GLO para mantener seguras a todas nuestras comunidades a lo largo de la frontera entre Texas y México”, añadieron.
SRE rechazó la decisión de Texas e invocó el Tratado de Límites
En respuesta al anuncio del gobierno texano, la SRE publicó un comunicado oficial el 30 de octubre pasado donde afirmaba que la frontera entre ambos países no podía “modificarse por decisión de un gobierno estatal”.
Al respecto, en el escrito mencionó los efectos del Tratado de Límites de 1970: “En el Río Bravo, el límite internacional corre por el centro del cauce normal del río. Ese límite determina la soberanía de las tierras en ambos lados de la frontera, independientemente de la soberanía previa que hayan tenido esas tierras”.
A su vez, la dependencia mexicana indicó que le corresponde a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) aplicar el Tratado y “determinar de qué lado del límite se encuentra cada isla”, por lo que ningún gobierno estatal puede darse tal atribución.
Por último, la SRE informó que daría seguimiento a cualquier acción en la zona, además de que “reiteraba su compromiso” con el cumplimiento de los tratados y el diálogo entre las dos naciones sobre esta cuestión a través de los procesos citados.
