César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Justicia de Chihuahua, fue vinculado a proceso por el presunto delito de ejercicio ilegal del servicio público, luego de que un juez considerara que existen elementos suficientes para continuar con la investigación en su contra.
La resolución fue dictada la noche del jueves 22 de octubre, durante una audiencia en la que el exfuncionario participó por videoconferencia, mientras que sus abogados acudieron de manera presencial al juzgado.
Aunque el juez determinó que Jáuregui deberá enfrentar este proceso penal, su defensa anunció que impugnará la decisión al considerar que no existen pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad en los hechos investigados.
Investigación por operativo en la sierra Tarahumara
El caso está relacionado con un operativo realizado en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde fue asegurado un laboratorio clandestino de metanfetaminas.
De acuerdo con la investigación, el exfiscal habría permitido la intervención de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en territorio mexicano, situación que dio origen a las acusaciones en su contra.
El juez Alberto Simental consideró que los elementos presentados por el Ministerio Público permiten establecer la presunción de que se cometió el delito de ejercicio ilegal del servicio público.
Sin embargo, la defensa rechaza esta interpretación y sostiene que no existen pruebas específicas que demuestren que Jáuregui conocía o autorizó la participación de agentes estadounidenses en el operativo.
DEFENSA APELARÁ LA VINCULACIÓN A PROCESO
Al término de la audiencia, el abogado Héctor Villasana Ramírez informó que recurrirán la resolución ante un tribunal de segunda instancia, al considerar que el juez sustentó su determinación en suposiciones y no en evidencias que acrediten la participación de su representado.
El litigante cuestionó que el juzgador presumiera que el entonces fiscal general tenía conocimiento de la presencia de agentes extranjeros por haber sostenido reuniones con responsables de la Agencia Estatal de Investigación y del área de Operaciones Especiales.
Asimismo, calificó como contradictorio que el juez descartara vincular a proceso al exfuncionario por el delito de coalición de servidores públicos, pero determinara que sí debía enfrentar un procedimiento por ejercicio ilegal del servicio público, pese a que ambas acusaciones derivan de los mismos antecedentes de investigación.
Fijan dos meses para presentar pruebas
Como parte de la resolución, el juez estableció un plazo de dos meses para que el Ministerio Público y la defensa aporten pruebas durante la etapa de investigación complementaria.
Una vez concluido este periodo, las partes podrán avanzar hacia las siguientes etapas del procedimiento penal, conforme a lo que determinen las autoridades judiciales.
El juzgador también estableció medidas cautelares que contemplan la obligación de firmar mensualmente ante los juzgados locales y la prohibición de salir del país. Además, se informó que al exfiscal le fueron retirados su pasaporte y visa.
No obstante, estas disposiciones deberán considerarse en el contexto de su situación jurídica actual, ya que Jáuregui permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, por una acusación distinta.
PERMANECE PRESO POR ACUSACIÓN DE TRAICIÓN A LA PATRIA
La vinculación a proceso por ejercicio ilegal del servicio público se suma al procedimiento que enfrenta el exfiscal por el presunto delito de traición a la patria, relacionado también con la supuesta intervención de agentes estadounidenses en territorio nacional.
Cabe señalar que una de las acusaciones iniciales, correspondiente al delito de coalición de servidores públicos, fue desechada por un juez del Estado de México, al considerar que no se cumplieron los requisitos necesarios para proceder.
Jáuregui fue detenido el fin de semana previo a la audiencia, luego de que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaran una orden de aprehensión en su contra, después de que se ejecutara un mandamiento judicial en el ámbito local.
Por ahora, el exfuncionario deberá enfrentar el proceso por ejercicio ilegal del servicio público, mientras su defensa prepara la impugnación de la resolución judicial.
