El gobierno federal que encabeza Claudia Sheinbaum ha iniciado un operativo para revertir la privatización del agua mediante presas construidas durante la administración del exgobernador César Duarte Jáquez, en un contexto de creciente escasez hídrica y detonación de crisis por la nueva Ley General de Aguas.
El 29 de mayo de 2025 se dio a conocer que Duarte construyó de forma ilegal una presa, cinco represas y un pozo en su rancho «El Saucito», en Chihuahua, mediante los cuales desvió aproximadamente 700 000 metros cúbicos de agua del río Conchos, agua que debía servir para abastecer comunidades y cumplir compromisos internacionales con Estados Unidos.
El ex gobernador César Duarte acaparaba ilegalmente agua de Chihuahua. La Presidenta Sheinbaum la recupera.
Por eso, en represalia, su aliada la gobernadora del PAN, Maru Campos manda caciques a cerrar aduana internacional.
La #LeydeAguas se está debatiendo en el congreso. pic.twitter.com/SfX9BFJx62— Santy Así Mero! (@SantyRuize) November 25, 2025
Este acto, denunciado penalmente por la administración actual, forma parte de una larga lista de irregularidades hídricas que la nueva ley pretende corregir. La Ley General de Aguas busca reordenar concesiones, impedir el acaparamiento privado y garantizar que el agua. que es un bien nacional, regrese al uso colectivo.
Sin embargo, la medida ha generado una fuerte crisis: amplios sectores, incluyendo agricultores, transportistas y concesionarios antiguos, protestan con bloqueos en carreteras en al menos 22 estados, argumentando que la reforma pone en riesgo sus derechos de uso del agua, su modo de vida y la estabilidad económica de sus territorios.
Sheinbaum: Ley de Aguas busca terminar con la sobreexplotación del vital líquido
«La ley dice que no podrán vender el agua a un tercero. Si tienes un predio y usas el agua para riego, no se la puedes vender a un desarrollo inmobiliario, se la tendrá que pedir a @conagua_mx«. pic.twitter.com/nv0cgArzLo
— LA OCTAVA (@laoctavadigital) November 26, 2025
Ante este escenario, Sheinbaum ha defendido la reforma, advirtiendo que no aceptará privilegios que permitan un mercado privado del agua y reiterando que el recurso debe considerarse parte del patrimonio nacional.
La recuperación del agua acaparada, junto con la polémica por la nueva ley, pone en evidencia la tensión entre un modelo basado en concesiones privadas, capaz de generar desequilibrios sociales, y la presión por garantizar el acceso equitativo a uno de los recursos más vitales: el agua.
