El gobierno de Donald Trump anunció sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), horas después de que la exjueza Navi Pillay recibiera el Premio Nobel de la Paz, una coincidencia que intensificó las críticas sobre la postura de Washington frente a la justicia internacional.
La medida fue rechazada por el tribunal con sede en La Haya, que advirtió que las sanciones representan un ataque al Estado de derecho y aseguró que continuará con sus investigaciones y procesos judiciales. Por su parte, la Unión Europea y otros países expresaron su respaldo a la institución y se comprometieron a buscar mecanismos para garantizar la continuidad de sus actividades.
EU ENDURECE SU POSTURA CONTRA LA CPI
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, justificó las sanciones al afirmar que el presidente Donald Trump no permitirá que la Corte Penal Internacional procese a ciudadanos estadounidenses.
En un comunicado, Rubio calificó al tribunal de ilegítimo y aseguró que las medidas buscan restringir sus recursos y limitar su capacidad operativa.
Washington argumentó que la decisión responde a la necesidad de proteger su soberanía y a sus ciudadanos frente a las actuaciones de la CPI, cuyas decisiones han generado tensiones con el gobierno estadounidense.
Las sanciones también podrían afectar a empresas que proporcionan servicios a la institución, pues las restricciones de Estados Unidos suelen impedir que compañías y entidades financieras con sede en ese país mantengan relaciones comerciales con organizaciones sancionadas.
Esto podría traducirse en el cierre de cuentas bancarias, la cancelación de coberturas de seguros y la suspensión de servicios tecnológicos.
Rubio señaló que las medidas fueron diseñadas para dar a la CPI y a los países integrantes del Estatuto de Roma la oportunidad de negociar una solución a las preocupaciones de Washington. Sin embargo, advirtió que Estados Unidos podría endurecer su postura si no obtiene resultados.
LA CORTE PENAL INTERNACIONAL RECHAZA LAS SANCIONES
La CPI condenó las medidas impuestas por el gobierno estadounidense y advirtió que la decisión pone en riesgo los principios fundamentales del orden jurídico internacional.
En un comunicado, el tribunal sostuvo que las sanciones buscan obstaculizar su trabajo e intimidar tanto a sus integrantes como a quienes colaboran con la institución.
Asimismo, recordó que las medidas contra la corte se suman a las sanciones previamente dirigidas contra 13 jueces y fiscales independientes.
La institución afirmó que no cederá ante las presiones y que continuará cumpliendo el mandato que le fue conferido para investigar y juzgar los crímenes más graves de trascendencia internacional.
«La historia juzgará este momento», señaló la CPI, al subrayar que la responsabilidad de defender la justicia internacional también recae en los Estados que respaldaron su creación.
El tribunal insistió en que el Estatuto de Roma establece una obligación colectiva para evitar que los crímenes más graves queden impunes.
¿HAY RELACIÓN CON EL NOBEL DE LA PAZ?
El anuncio de Washington se produjo horas después de que la jurista sudafricana Navi Pillay recibiera el Premio Nobel de la Paz por su trayectoria en el ámbito de la justicia penal internacional.
Pillay fue jueza de la Sala de Apelaciones de la CPI entre 2003 y 2008, por lo que la cercanía temporal entre ambos acontecimientos generó interrogantes sobre una posible relación entre las sanciones y el reconocimiento internacional a la jurista.
No obstante, la información proporcionada no establece que las medidas estadounidenses hayan sido una represalia directa por la concesión del premio.
El comité del Nobel señaló que el reconocimiento busca recordar la importancia de defender el derecho internacional en un contexto en el que jueces e instituciones judiciales enfrentan ataques políticos.
También destacó que la rendición de cuentas por crímenes de guerra y la justicia para las víctimas de abusos son condiciones fundamentales para construir un mundo pacífico.
UNIÓN EUROPEA Y ALIADOS RESPALDAN A LA CPI
La Unión Europea calificó de «profundamente lamentable» la decisión estadounidense y expresó su disposición a tomar las medidas necesarias para que la corte pueda continuar con su labor.
La Comisión Europea manifestó su respaldo a la independencia de la institución y advirtió sobre las posibles consecuencias de las sanciones para el funcionamiento de la justicia internacional.
En tanto, ministros de Exteriores de Canadá, Japón y varios países europeos, entre ellos Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Dinamarca y Países Bajos, expresaron su apoyo conjunto a la CPI.
Los gobiernos defendieron la independencia, imparcialidad e integridad del tribunal, en medio de las crecientes diferencias diplomáticas con Washington.
La Unión Europea también podría recurrir a su denominado mecanismo de bloqueo, una herramienta destinada a proteger a empresas y particulares europeos de los efectos de sanciones extraterritoriales impuestas por terceros países.
De aplicarse, este mecanismo podría impedir que determinadas empresas europeas, incluidos bancos, cumplan con las restricciones estadounidenses y ayudaría a reducir su impacto. Sin embargo, la Comisión Europea no había precisado si utilizaría esta opción.
