El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este lunes la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones generales para el próximo domingo 29 de noviembre. La decisión se produjo después de que el Congreso rechazara el pasado viernes dos decretos impulsados por su Gobierno para atender la problemática del alquiler de vivienda, así como en medio de una creciente movilización social relacionada con el derecho a una vivienda digna.
Sánchez, quien informó previamente al rey sobre el adelanto electoral, defendió durante una comparecencia en el Palacio de la Moncloa los resultados de su administración y llamó a los españoles a decidir el rumbo que deberá tomar el país.
“ULTRADERECHA O JUSTICIA SOCIAL”
El mandatario planteó las próximas elecciones como una decisión entre permitir que España se sume a la “ola ultraderechista” o mantener al país como un “baluarte de apertura y de justicia social”.
Sánchez sostuvo que su Gobierno ha adoptado “medidas valientes” para fortalecer el Estado del bienestar y afrontar diversos desafíos económicos y sociales.
Sin embargo, reconoció que su administración también ha cometido errores y que no ha podido cumplir todos los objetivos planteados durante la legislatura.
Ante este escenario, afirmó que busca obtener una mayoría progresista más amplia que permita impulsar nuevas políticas sociales, “doblegar a las élites” y continuar con la transformación del país.
RECHAZO A LOS DECRETOS SOBRE VIVIENDA
El adelanto electoral ocurrió después de que el Congreso rechazara dos decretos relacionados con el alquiler de vivienda, un sector que enfrenta desde hace años un fuerte incremento de precios.
Las propuestas fueron rechazadas por la oposición conservadora y la extrema derecha, además de los independentistas catalanes de Junts, cuyo voto resultó determinante para impedir su aprobación.
El revés parlamentario evidenció nuevamente las dificultades del Gobierno de coalición, integrado por socialistas y Sumar, para reunir los apoyos necesarios en el Congreso.
Crecen las protestas por el acceso a la vivienda
La votación parlamentaria se produjo en un contexto de movilización social creciente en distintas ciudades españolas.
Manifestaciones y acampadas, particularmente en Madrid, han exigido medidas para garantizar el acceso a una vivienda digna y a precios asequibles, así como mecanismos para evitar el desahucio de personas en situación de vulnerabilidad económica.
Entre los factores que incrementaron la presión sobre el Ejecutivo también se encuentra el desahucio en Madrid de una mujer de 87 años, caso que generó una fuerte reacción social.
Un Gobierno sin mayoría parlamentaria
Sánchez había sostenido hasta ahora que las elecciones generales se celebrarían en 2027, al concluir la legislatura iniciada en 2023.
No obstante, la falta de una mayoría parlamentaria estable complicó cada vez más la aprobación de iniciativas gubernamentales, particularmente ante las dificultades para mantener el respaldo de Junts.
A esta situación se suman investigaciones por presunta corrupción que afectan al Partido Socialista, así como procesos judiciales relacionados con familiares directos del presidente.
