La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Gobierno de México investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza policial durante una protesta por agua contaminada en Guadalajara, Jalisco, que terminó con personas heridas y decenas de detenidos.
Gina Romero, relatora especial de la ONU, expresó su preocupación por los señalamientos sobre el uso de gases lacrimógenos, balas de goma y otros medios de dispersión contra los manifestantes, así como por las presuntas detenciones arbitrarias.
A través de un mensaje publicado en la red social X, la representante de Naciones Unidas llamó a las autoridades mexicanas a esclarecer los hechos y garantizar el respeto a los derechos humanos.
ONU exige una investigación independiente
Romero señaló que las autoridades deben investigar de manera pronta e independiente todas las denuncias relacionadas con el operativo policial, incluidos los posibles casos de uso excesivo de la fuerza y malos tratos.
Asimismo, pidió evitar discursos que estigmaticen a las personas que ejercen sus libertades fundamentales, como el derecho a la manifestación y la protesta.
El pronunciamiento ocurre después de los enfrentamientos registrados durante una movilización ciudadana para denunciar la contaminación del agua que llega a los hogares de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara.
PROTESTA POR AGUA CONTAMINADA TERMINA CON DETENIDOS Y HERIDOS
El domingo 11 de octubre, miles de habitantes del área conurbada de Guadalajara salieron a las calles para exigir respuestas ante la problemática del agua contaminada.
Aunque la manifestación comenzó de manera pacífica, la jornada terminó con actos de violencia, personas lesionadas y detenciones en las inmediaciones de Casa Jalisco.
El gobernador Pablo Lemus afirmó que un presunto grupo de choque, integrado por al menos 400 personas, provocó disturbios e incitó a la violencia durante la movilización.
Sin embargo, el mandatario también reconoció que hubo “graves errores y deficiencias” en el operativo policial, por lo que aseguró que los hechos deberán investigarse y, en su caso, sancionarse.
Lemus agregó que ya fueron identificados los agentes que presuntamente actuaron con violencia y reconoció que los manifestantes no debieron ser expuestos al uso de agua ni de gases para dispersarlos.
Siete personas permanecen en Puente Grande
Tras los hechos, un total de 39 personas fueron detenidas, de las cuales 32 quedaron en libertad durante los días posteriores.
Los siete hombres restantes fueron trasladados al complejo penitenciario de Puente Grande, señalados por presuntos delitos de lesiones dolosas contra policías, así como desobediencia o resistencia de particulares.
No obstante, colectivos, abogados y familiares de los detenidos sostienen que los acusados no cometieron los delitos que se les imputan y denuncian que sus arrestos se realizaron de manera violenta.
Como parte de sus señalamientos, han presentado videos que, aseguran, muestran las circunstancias en las que ocurrieron las detenciones.
EXIGEN RESPETO AL DEBIDO PROCESO
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), organización que participa en la defensa legal de algunos de los detenidos, exigió a la Fiscalía de Jalisco garantizar el debido proceso y el derecho a una defensa adecuada.
El organismo también pidió que se respeten las garantías legales de las personas involucradas mientras se esclarecen los hechos.
En este contexto, el llamado de la ONU se suma a las exigencias de organizaciones civiles y familiares para que se investigue la actuación de los cuerpos policiales, se determinen posibles responsabilidades y se garantice el respeto a los derechos humanos durante las manifestaciones públicas.
