Nueva York y otras ciudades y condados de Estados Unidos presentaron una demanda contra una nueva norma impulsada por la administración de Donald Trump, que amplía las facultades de los funcionarios migratorios para determinar si una persona puede obtener una residencia permanente o una visa de inmigrante.
La acción legal fue anunciada por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien cuestionó que la nueva política pueda provocar que las familias migrantes tengan que elegir entre mantener sus beneficios públicos o avanzar en sus procesos migratorios.
Nueva regla entraría en vigor el 18 de septiembre
La normativa de “carga pública” está prevista para entrar en vigor el próximo 18 de septiembre y permitiría a funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) considerar distintos factores para determinar si un extranjero podría convertirse en una carga para el Gobierno.
Entre los elementos que podrán ser evaluados se encuentran la edad, el estado de salud, la situación financiera familiar, la educación y las habilidades de los solicitantes.
Con base en estos criterios, los funcionarios podrían determinar si una persona es elegible para obtener una visa de inmigrante o una tarjeta de residencia permanente, conocida como green card.
TEMOR ENTRE LAS FAMILIAS MIGRANTES
Mamdani advirtió que la medida podría generar un efecto disuasorio entre los inmigrantes que actualmente tienen derecho a recibir programas de asistencia pública.
“La nueva norma de carga pública busca alejar a las familias inmigrantes de los programas que han permitido que la gente tenga alimentos y se mantenga saludable durante décadas”, señaló el alcalde.
El funcionario también alertó que algunas personas podrían evitar acudir al médico o solicitar apoyos por temor a que hacerlo afecte sus trámites migratorios.
CIUDADES Y CONDADOS SE UNEN CONTRA LA MEDIDA
Nueva York encabeza la demanda presentada ante un tribunal federal junto con Chicago, San Francisco, el condado de Santa Clara, Seattle y el condado de King, en Washington.
De manera paralela, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, presentó una impugnación legal independiente contra la nueva política migratoria.
Mamdani defendió la importancia de las comunidades migrantes y aseguró que su administración utilizará los recursos legales disponibles para enfrentar la medida.
“Nuestras comunidades inmigrantes no son una carga”, afirmó. “Son las personas que hacen grande a la ciudad de Nueva York y al país”.
TRUMP RETOMA EL CONCEPTO DE “CARGA PÚBLICA”
El concepto de “carga pública” ya forma parte de la legislación migratoria estadounidense y fue objeto de distintas regulaciones durante administraciones anteriores.
El Gobierno de Trump busca ahora reforzarlo bajo el argumento de que los extranjeros deben ser autosuficientes y evitar depender de beneficios financiados con recursos de los contribuyentes.
La nueva disposición se suma a una serie de medidas migratorias adoptadas por la administración Trump, entre ellas redadas, detenciones, restricciones a procesos migratorios y modificaciones en los programas de protección y permisos de trabajo.
Para las autoridades y organizaciones que se oponen a la norma, su aplicación podría incrementar la incertidumbre entre las familias inmigrantes y desalentar el acceso a servicios públicos esenciales.
