En sesión pública de la Comisión Permanente de la LX Legislatura del Congreso del Estado, la diputada Vianey García Romero presentó la iniciativa de decreto para reformar la fracción XXV y adicionar la fracción XXV bis al artículo 380 del Código Penal del Estado de Puebla.
El objetivo de la iniciativa, explicó la legisladora, es establecer como agravante al delito de robo, el de bienes e insumos médicos y/o medicamentos, en términos de la Ley General de Salud.
Las reformas y adiciones proponen que, si el ilícito es cometido por un servidor público o personal médico, o sobre bienes del Estado, aprovechándose de su empleo, cargo o comisión.
En tanto, las sanciones se incrementen hasta el doble, además de inhabilitar hasta por diez años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el sector público al responsable.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución correspondiente.
Impulsan iniciativa para tipificar como delito el robo de identidad
Por su parte, la diputada Tonantzin Fernández Díaz presentó una iniciativa de decreto para adicionar una Sección Primera Bis denominado Robo de Identidad, al Capítulo Décimo Octavo del Código Penal del Estado de Puebla.
La adición al Código Penal establece que cometerá el delito de robo de identidad, a la persona que se apodere por cualquier medio de información personal y financiera sin autorización y que la utilice, transfiera o disponga de datos personales.
Lo interior, con la intención de usurpar la identidad de un tercero para cometer conductas negativas, obtener recursos monetarios o beneficios financieros a su favor, o incurrir en algún lucro indebido.
Se propone imponer de uno a nueve años de prisión y de quinientas a mil veces el valor de la unidad de medida y actualización a quien cometa el robo de identidad, estableciendo que las penas y sanciones se aumentarán en una mitad cuando el delito lo haya cometido un servidor público o un trabajador de alguna institución financiera.
La iniciativa fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y dictaminación procedente.