El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió 205 quejas de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género durante el proceso electoral que comenzó el 7 de septiembre de 2023 y concluyó el 18 de junio de 2024.
La mayoría de estas quejas se relacionaron con ataques en redes sociales dirigidos a candidatas a diputadas federales, según el informe presentado por la Secretaría Ejecutiva al Consejo General del INE, el cual incluye estadísticas del proceso electoral 2023-2024.
De acuerdo con la guía del INE, la violencia política de género abarca cualquier acción u omisión que limite, anule o menoscabe el ejercicio de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres.
Esto puede ocurrir tanto en la esfera pública, como al impedir que una mujer tome posesión de un cargo, como en la privada, mediante amenazas a su familia para que renuncie a sus aspiraciones.
Entre septiembre y diciembre de 2023 se presentaron 53 quejas, mientras que de enero a junio de 2024 se registraron 152.
Ataques en Redes: Víctimas y Agresores
Del total de las quejas, el 42% correspondió a ataques en redes sociales, el 18% a medios de comunicación, y el 9% a obstaculizaciones para obtener la candidatura.
El INE identificó a 147 víctimas, de las cuales el 14% eran candidatas a diputadas federales.
También se reportaron candidatas a senadoras, ciudadanas, diputadas federales y candidatas a presidentas municipales.
Por otro lado, se identificaron a 254 personas denunciadas, de las cuales el 47.2% eran hombres.
2024: Año con Mayor Competencia para el INE
El informe también destaca que 2024 ha sido el año en el que el INE ha recibido la mayor cantidad de quejas, con un total de 92.
Algunas de estas quejas se registraron mediante el Procedimiento Especial Sancionador (PES), un recurso jurídico para asegurar la regularidad de los procesos electorales, mientras que otras se registraron a través de Cuadernos de Antecedentes (CA), expedientes con solicitudes o actuaciones no necesariamente reguladas.
Las quejas que no son competencia del INE se remiten a las autoridades correspondientes, ya que a menudo están relacionadas con asuntos internos de los partidos políticos, actos discriminatorios sin incidencia político-electoral, o pueden constituir otros tipos de violencia.
«Esta situación indica la necesidad de enfatizar la difusión de herramientas jurídicas, procedimientos, vías y distribución de competencias en la materia a nivel local», se lee en el informe.
