Formación jurídica y sensibilidad social, claves para fortalecer el Estado de Derecho: Armenta Mier

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, inauguró el Congreso Internacional de Actualización Probatoria en la BUAP, acompañado de especialistas nacionales e internacionales. El evento busca fortalecer la preparación de operadores jurídicos y consolidar un sistema de justicia más sólido y humano.

JUSTICIA EFECTIVA: LEYES Y PROFESIONALES BIEN FORMADOS

El especialista Jordi Ferrer Beltrán, director de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, España, subrayó que una justicia efectiva requiere no solo leyes sólidas, sino también profesionales bien formados y procesos respetuosos de los derechos humanos.

“Podemos tener las mejores leyes, pero si los operadores no están bien preparados y los procesos no son respetuosos, el derecho no se aplica correctamente”, enfatizó.

RIGOR JURÍDICO Y SENSIBILIDAD SOCIAL

Armenta Mier destacó que el rigor académico debe ir acompañado de sensibilidad social, para garantizar justicia a quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

“El rigor jurídico no debe sustituir la sensibilidad social que necesita el que menos tiene, el que vive con hambre de justicia en las comunidades más apartadas”, expresó.

El presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla, Pedro Antonio Martínez Hernández, señaló que detrás de cada prueba existen personas que esperan decisiones justas y fundamentadas. Reconoció que la tecnología y los medios digitales plantean nuevos desafíos, por lo que la capacitación debe ser permanente.

COLABORACIÓN INTERNACIONAL

Martínez Hernández anunció la firma de un convenio de colaboración con la Universidad de Girona, que permitirá impartir cursos y posgrados a través de la Escuela Estatal de Formación Judicial, acercando nuevas metodologías y corrientes de pensamiento a jueces, magistrados y estudiantes.

Con este encuentro, las instituciones participantes refrendan su compromiso con una formación jurídica de excelencia, el fortalecimiento de capacidades de quienes imparten justicia y la aplicación del derecho con sentido social, como pilares para consolidar el Estado de Derecho en Puebla.