El contralor de Hidalgo, Álvaro Bardales, informó que la revisión de la Cuenta Pública 2024, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no arrojó observaciones graves ni derivó en pliegos de responsabilidades resarcitorias o denuncias ante otras instancias.
Durante una conferencia de prensa, el funcionario explicó que los resultados forman parte de un proceso ordinario de fiscalización técnico-administrativa y subrayó que no existen señalamientos que obliguen a iniciar procedimientos por faltas graves. Destacó que el estado se mantiene en una posición sólida frente a otras entidades que sí registraron observaciones de mayor impacto.
721 MDP SUJETOS A ACLARACIÓN
De acuerdo con los informes presentados, el monto observado asciende a 721 millones de pesos, equivalente al 1.2% del total del gasto federalizado auditado en la entidad. Bardales precisó que este porcentaje coloca a Hidalgo en un rango medio de cumplimiento a nivel nacional y que se trata de solicitudes de aclaración, no de sanciones.
La ASF instruyó a la Contraloría estatal a realizar revisiones complementarias en rubros específicos, como posibles conflictos de interés, inspecciones físicas de obras y verificación de que los entes públicos respondan oportunamente a los requerimientos de información. No obstante, no se solicitaron acciones legales.
AUDITORÍA DIGITAL Y APLICACIÓN DEL “MODELO COLMENA”
En el ámbito municipal, la revisión se realizó bajo el esquema digital conocido como “Modelo Colmena”, implementado por la ASF para ampliar el número de municipios auditados y revisar de manera simultánea la totalidad de los fondos federales.
Entre los recursos examinados se encuentran el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), además de otros convenios federales. En varios casos, fue la primera vez que los ayuntamientos enfrentaron una auditoría completamente digital.
El contralor señaló que la mayoría de las observaciones derivan de aspectos formales relacionados con la carga de información en plataformas electrónicas, especialmente en un año de transición municipal. Indicó que los ajustes obedecen a procesos administrativos y no a desvío de recursos.
Nómina concentra el mayor monto observado
Bardales detalló que 600 millones de pesos del total observado corresponden al rubro de nómina, específicamente a procesos vinculados con el timbrado y la recuperación de comprobantes fiscales del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Explicó que la aclaración solicitada se relaciona con procedimientos administrativos y criterios derivados de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enfocados en la aplicación de estímulos fiscales y pagos mensuales del ISR. Afirmó que no existe daño patrimonial y que la documentación requerida ya se encuentra en proceso de integración.
En este apartado participaron diversas dependencias estatales, como la Oficialía Mayor, el Congreso local y la Secretaría de Salud.
DEPENDENCIAS SIN OBSERVACIONES Y ETAPA DE SOLVENTACIÓN
El titular de la Contraloría destacó que la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Educación no registraron observaciones en los recursos auditados.
Asimismo, informó que el estado ya se encuentra en la etapa de solventación y que se brinda acompañamiento técnico a municipios y entidades para asegurar una correcta integración de la información en las plataformas digitales.
El funcionario reiteró que, dentro de los plazos establecidos por la ley, se demostrará que los recursos fueron ejercidos conforme a la normativa. En el comparativo regional, Hidalgo reporta únicamente solicitudes de aclaración administrativa equivalentes al 1.2% del gasto revisado, lo que, según la Contraloría, refleja un manejo responsable y transparente del presupuesto público.
