¿Será solo un rumor o una verdad muy cruda? Se dice en el ayuntamiento de Izúcar de Matamoros que la edil morenista Irene Olea Torres les comunicó a sus más allegados que podría pedir licencia al cargo de alcaldesa. Con el objetivo de convertirse en diputada federal u ocupar un cargo en el gobierno del estado.
Sin embargo, la realidad, de acuerdo con las fuentes de La Jornada, es que Irene Olea posiblemente estaría buscando evitar ser detenida a consecuencia de que ha escalado la investigación por la presuntas detenciones ilegales y torturas sexuales que sufrieron las periodistas de Izúcar, Natalie y Michelle Hoyos López, ocurridas en los separos de la policía local.
De acuerdo con las fuentes de La Jornada, la alcaldesa podría irse del ayuntamiento en las próximas semanas si no encuentra alguna estrategia jurídica o una negociación que frene la investigación de la Fiscalía General de República en contra una docena de servidores públicos de Izúcar de Matamoros, que indirecta o directamente, tuvieron responsabilidad de los hechos ocurridos entre la noche del 10 de marzo pasado y la madrugada del día 11 del mismo mes, en la que las periodistas fueron detenidas, incomunicadas, interrogadas, golpeadas y torturadas sexualmente por el simple menester de cubrir una nota informativa sobre las actividades artísticas del movimiento feminista de ese municipio.
En el radio pasillo de la comuna se dice que lo dos problemas que han complicado la situación para Irene Olea son los siguientes:
El primero: un número importante de agentes policiales, personal del juzgado cívico del municipio y de la Dirección de Seguridad Pública ya comparecieron ante el Ministerio Público federal, que los ha sometido a un arduo interrogatorio y además llevó a algunos de los implicados a declarar que los hechos de los días 10 y 11 de marzo habrían sido ordenados directamente desde la oficina de la Presidencia Municipal.
Esto –en caso de ser ciertas esas declaraciones— implicaría que las detenciones arbitrarias de Natalie y Michelle Hoyos López habría sido en revancha en contra del padre de las jóvenes, Miguel Hoyos Bravo, quien es el coordinador del periódico Enlace de la Mixteca.
Cabe mencionar que es un medio crítico de la gestión de la edil Irene Olea. Pues las propias comunicadoras oyeron a una agente policial jactarse de que con su detención “estaría feliz” la alcaldesa.
En segundo lugar: hubo una extrema confianza de la alcaldesa en los días posteriores a que Natalie y Michelle Hoyos denunciaron las agresiones en su contra, de modo que supuso que en la Fiscalía General del Estado de Puebla la iban a proteger y daría “carpetazo” al recurso legal de las periodistas. No contó que la FGR iba a tomar el asunto. Por ello nunca se diseñó una estrategia jurídica y mediática para enfrentar dicho escándalo.
Con información de La Jornada de Oriente
