Los votantes chilenos rechazaron el domingo una constitución conservadora propuesta para reemplazar la carta constitucional del país de la era de la dictadura.
Con el 96% de los votos contados el domingo por la noche, alrededor del 55.8% había votado “no” a la nueva carta, con alrededor del 44.2% a favor.
La votación se produjo más de un año después de que los chilenos rechazaran rotundamente una constitución propuesta redactada por una convención de izquierda y que muchos caracterizaron como una de las cartas más progresistas del mundo.
SIGUE CONSTITUCIÓN DE PINOCHET
El nuevo documento, escrito en gran parte por concejales conservadores, era más conservador que el que había tratado de reemplazar, porque habría profundizado principios de libre mercado, redujo la intervención estatal y podría haber limitado algunos derechos de las mujeres.
“Desde una perspectiva de coherencia y respeto a la democracia, reconocemos los resultados”, afirmó Macaya
Si la nueva carta termina siendo rechazada, la constitución de la era Pinochet, que fue enmendada a lo largo de los años, seguirá en vigor.
Eso es lo que esperaba la expresidenta Michelle Bachelet cuando votó la madrugada del domingo.
“Prefiero algo malo a algo peor”, dijo Bachelet, quien ha hecho campaña para rechazar la nueva constitución.
ARTÍCULOS CONTROVERTIDOS
Uno de los artículos más controvertidos del nuevo borrador propuesto decía que “la ley protege la vida del no nacido”, con un ligero cambio en la redacción del documento actual que algunos han advertido que podría hacer que el aborto sea completamente ilegal en el país sudamericano.
Actualmente la ley chilena permite la interrupción de embarazos por tres motivos: violación, feto inviable y riesgo para la vida de la madre.
Otro artículo del documento propuesto que generó controversia decía que a los presos que sufren una enfermedad terminal y no se los considera un peligro para la sociedad en general se les puede conceder arresto domiciliario.
Miembros de la oposición de izquierda han dicho que la medida podría terminar beneficiando a quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura 1973-1990 del general Augusto Pinochet.
El nuevo documento propuesto, que dice que Chile es un Estado social y democrático que “promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales” a través de instituciones estatales y privadas, también encontró la oposición de muchos líderes locales que dicen que eliminaría los impuestos a las casas que son residencias principales una fuente vital de ingresos estatales que pagan los más ricos.
También habría establecido nuevas instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y dice que los inmigrantes irregulares deberían ser expulsados “lo antes posible”.