Estados Unidos autorizó a Venezuela a pagar los honorarios legales de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el proceso por narcotráfico que enfrentan en Nueva York, tras modificar parcialmente el régimen de sanciones que mantenía bloqueados esos recursos.
De acuerdo con un documento judicial, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió licencias enmendadas que permiten a los abogados defensores recibir pagos del gobierno venezolano bajo condiciones específicas.
Las nuevas disposiciones establecen que los pagos deberán realizarse únicamente con fondos disponibles para el gobierno venezolano después del 5 de marzo de 2026 y no podrán provenir de depósitos de gobiernos extranjeros.
El documento legal subraya que estas condiciones buscan mantener controles sobre el origen del dinero, al tiempo que se garantiza la continuidad del proceso judicial.
CAMBIO EN LA POSTURA DE WASHINGTON
La decisión representa un giro en la estrategia del gobierno estadounidense, que previamente había bloqueado el acceso a estos recursos argumentando razones de seguridad nacional y política exterior.
Durante semanas, la negativa había generado tensiones legales, ya que la defensa de Maduro sostuvo que la medida vulneraba su derecho a contar con un abogado de su elección.
El equipo legal, encabezado por el abogado Barry Pollack, argumentó que impedir el pago de honorarios violaba la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el derecho a una defensa adecuada.
Incluso, solicitaron la desestimación del caso al considerar que las sanciones interferían directamente en ese derecho fundamental.
JUEZ CUESTIONÓ BLOQUEO DE RECURSOS
En audiencias previas en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el juez Alvin Hellerstein expresó dudas sobre la justificación del bloqueo de fondos, señalando que los acusados ya no representaban una amenaza para la seguridad nacional tras su captura.
Maduro y Flores fueron detenidos el 3 de enero de 2026 en Caracas y trasladados a una prisión federal en Brooklyn, donde permanecen bajo custodia.
Ambos se han declarado “no culpables” de cargos como conspiración para narcoterrorismo e importación de cocaína.
Se prevé que el juicio formal no inicie sino hasta dentro de uno o dos años, mientras continúan las audiencias y el proceso de preparación del caso.
