La eliminación del impuesto del 8% a los videojuegos con contenido violento deberá resolverse en el Congreso y no mediante una decisión directa del Poder Ejecutivo, afirmó Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. El legislador señaló que su bancada coincide con la presidenta Claudia Sheinbaum en que el gravamen es técnicamente inviable.
Aunque el impuesto ya fue aprobado y forma parte de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), Monreal adelantó que se impulsará una reforma para retirarlo antes de que entre en vigor el 1 de enero de 2026.
Durante su conferencia matutina del 23 de diciembre, la presidenta Sheinbaum reconoció que el principal problema del gravamen es su aplicación. Explicó que no existe un criterio claro para determinar qué videojuegos pueden considerarse “violentos” desde una perspectiva fiscal.
Esta ambigüedad, añadió, complica la supervisión y el cobro del impuesto, sobre todo en ventas digitales, donde la clasificación de contenidos resulta aún más compleja.
El impuesto contemplaba cobrar una tasa del 8% a los videojuegos no aptos para menores de 18 años. Sin embargo, la falta de un sistema confiable para auditar esta clasificación en tiendas físicas y plataformas en línea dejó en evidencia que el cobro sería difícil de ejecutar.
RUTA LEGAL PARA ELIMINARLO
Monreal explicó que el Ejecutivo no puede simplemente ignorar una ley ya aprobada, por lo que el camino debe ser legislativo. Entre las acciones previstas están:
- Derogar el inciso que establece el impuesto dentro de la Ley del IEPS.
- Modificar la Ley de Ingresos 2026 para eliminar el rubro de recaudación por videojuegos con violencia.
- Emitir, en caso de retrasos, un estímulo fiscal temporal que exonere el pago del impuesto mientras se concreta la reforma.
El diputado advirtió que, sin una medida de este tipo, la autoridad fiscal estaría obligada a recaudar el gravamen.
Recaudación mínima, impacto limitado
De acuerdo con estimaciones oficiales, el impuesto generaría alrededor de 183 millones de pesos en 2026, una cifra que representa apenas el 0.002% de los ingresos federales. Para Morena, este impacto “simbólico” confirma que su eliminación no pone en riesgo las finanzas públicas y responde más a criterios de viabilidad administrativa que de recaudación.
