Cuatro colaboradores del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, fueron vinculados a proceso por delitos como peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta. Los imputados son: Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Elizabeth Villegas Pineda, ex delegada administrativa de la SSP; y Antonio Bernal Bustamante, ex titular de la SSP.
Los cuatro exfuncionarios permanecerán en prisión preventiva debido al daño patrimonial causado al estado de Michoacán, que asciende a más de 3,400 millones de pesos. La jueza de control, Patricia Sánchez Nava, ordenó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, durante el cual las partes involucradas podrán presentar pruebas y profundizar en los datos existentes en la carpeta de investigación.
AUREOLES Y OTROS EX FUNCIONARIOS PRÓFUGOS
El ex gobernador Silvano Aureoles permanece prófugo de la justicia, al igual que otros dos ex secretarios de Seguridad Pública de Michoacán, además de Guillermo Loaiza Gómez, ex titular del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo. Las autoridades mexicanas han identificado que Aureoles viajó a Argentina, pero hasta el momento no ha sido localizado.
Los ex funcionarios fueron imputados por realizar una operación irregular relacionada con el arrendamiento y posterior compra de inmuebles destinados para la instalación de siete cuarteles policíacos en diferentes municipios del estado. Según la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, los inmuebles fueron arrendados a la Inmobiliaria Dip, una empresa creada en 2015 y beneficiada mediante adjudicación directa, lo que levantó sospechas sobre la correcta administración de los recursos públicos.
SOBREPRECIOS EN LOS INMUEBLES ADQUIRIDOS
Las investigaciones señalaron que los inmuebles adquiridos para los cuarteles tuvieron sobreprecios significativos. El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales determinó que los costos de las propiedades fueron inflados en millones de pesos, con un sobreprecio de hasta 163 millones en el caso de Lázaro Cárdenas, lo que refuerza las acusaciones de corrupción en el manejo de fondos públicos.
