Desde 2021, Latinus, un prominente consorcio empresarial, ha estado bajo el escrutinio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas actividades de lavado de dinero y corrupción, la investigación se centra en los socios accionistas de Latinus.
Durante la conferencia presidencial matutina en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló que el consorcio empresarial Latinus está bajo investigación desde 2021 por presuntos delitos de lavado de dinero y corrupción.
Según Gómez Álvarez, la UIF ha detectado triangulaciones de dinero y un esquema de defraudación en el que están implicadas las cinco empresas que conforman Latinus. Esta información se obtuvo a partir de alertas emitidas por bancos mexicanos por movimientos financieros inusuales y mediante inteligencia financiera.
Gómez Álvarez explicó: No estamos inventando, sencillamente tiene unas empresas instrumentales reciben recursos por compra de servicios periodísticos directamente o a través de tres empresas que venden servicios médicos o de salud a entidades federativas.
BAJO INVESTIGACIÓN
La investigación de la UIF se centra en los socios accionistas de Latinus, en particular en Christian González Guadarrama, quien aparece como dueño del consorcio.
Gómez Álvarez aclaró que ni Carlos Loret de Mola ni otros periodistas que laboran en Latinus están incluidos en la denuncia presentada ante el Ministerio Público por las irregularidades observadas.
El titular de la UIF presentó una tabla que muestra que, desde 2019, Latinus ha recibido fondos públicos de los gobiernos estatales de México, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas e Hidalgo. Estos gobiernos pagaron supuestos servicios de salud a dos empresas del consorcio Latinus, y estos fondos luego fueron triangulados dentro del propio grupo empresarial para pagar a accionistas y periodistas.
La suma total mostrada en la tabla es de dos mil 437 millones 285 mil 272 pesos con 96 centavos, recibidos entre 2019 y 2024. Este hallazgo resultó en la denuncia presentada por la UIF por delitos de lavado de dinero y actos de corrupción.
Gómez Álvarez detalló que, a partir del análisis de la información obtenida por la UIF, se observa una operación de triangulación con la que 117 millones de esos millones se han movido entre las empresas del mismo dueño. Esto permite ver claramente las claves de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, obviamente para ocultar procedencia y objeto.
Finalmente, Gómez Álvarez subrayó: La base para poder formular una denuncia tiene que ser lo que el sistema financiero informa a la UIF. Nosotros no andamos haciendo indagatorias, no tenemos ningún registro ni llevamos ningún archivo en relación con lo que dicen, expresan o de alguna manera mencionan los medios de comunicación, ni los periodistas en lo individual ni las personas en redes abiertas.
