Este viernes, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que busca eliminar campamentos de personas sin hogar en todo Estados Unidos.
La medida instruye a gobiernos estatales y locales a desalojar estas áreas públicas y trasladar a quienes viven en la calle —especialmente si sufren enfermedades mentales o adicción— a centros de tratamiento, incluso sin su consentimiento, mediante internamiento civil.
La orden también encarga a la fiscal general, Pam Bondi, revocar fallos judiciales y decretos que impiden desalojos forzosos de campamentos, y redirecciona fondos federales hacia programas de salud mental y tratamiento de adicciones . Además, establecerá prioridad en las subvenciones para ciudades que ya imponen prohibiciones contra el acampe urbano y el consumo abierto de drogas.
Vienen días duros para estas personas, que viven en las calles. Trump ordenó que sacaran de las calles a esos indigentes de cualquier manera. Seguramente lo harán.
También ordenó sacar a los drogadictos y evitar el consumo en la calle, eso no lo harán$$pic.twitter.com/RZryRqcZ9J
— Aecio 🇻🇪 (@AecioEscalante) July 25, 2025
Según datos federales de 2024, cerca de 771,480 personas estaban sin hogar en EE. UU., un récord histórico; al menos un 36 % vivían sin refugio y al aire libre. El decreto justifica la acción resaltando el crecimiento de campamentos urbanos en ciudades como Washington DC, Los Ángeles y San Francisco, por motivos de seguridad pública y orden urbano, mostrando inquietud por la visibilidad de estas escenas en la vida diaria.
Organizaciones civiles y agrupaciones defensoras de derechos humanos han criticado la medida. La ACLU y el National Homelessness Law Center argumentan que criminalizar la indigencia reforzará la crisis habitacional al desplazar personas sin ofrecer soluciones permanentes de vivienda, además de violar garantías legales básicas. También advierten que esta nueva política ignorará causas estructurales como la escasez de vivienda asequible y los recortes a asistencia social.
En síntesis, el decreto representa un giro radical de la política federal hacia un enfoque punitivo: desalojos obligatorios, institucionalización y redirigir recursos hacia tratamiento obligatorio, en lugar de priorizar el modelo «Housing First» o soluciones de vivienda ligera. No obstante, la falta de expansión de refugios o planificación de largo plazo genera preocupación entre expertos y activistas por el posible empeoramiento de la situación.
