El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México declaró improcedente e infundada la queja presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) contra la suspensión provisional que protege al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, de ser detenido por presuntos delitos de corrupción.
Silvano Aureoles obtuvo una suspensión provisional que impide su captura por delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa. El tribunal confirmó que esta medida es válida bajo jurisprudencia vigente, siempre que el imputado comparezca ante el juez.
La FGR, por su parte, intentó revertir esta decisión con una queja legal, pero los magistrados la rechazaron por considerar que el Ministerio Público ‘no tenía legitimación para interponerla y sus argumentos fueron inoperantes’.
La suspensión es válida cuando se trata de delitos sin prisión preventiva automática. Mientras no incumpla con las condiciones, no puede ser detenido, explicó Winyber Jiménez Navarrete, secretario en funciones de magistrado.
EL FUTURO DE AUREOLES
Aunque protegido de momento, el exgobernador está obligado a presentarse ante el juez que emitió la orden de aprehensión, una vez que reciba la notificación formal. Tiene un plazo de tres días hábiles para comparecer o perderá la suspensión.
El juez del caso, José Alberto Rodríguez Rivera, informó que Aureoles ya pagó una garantía de 52 mil pesos, pero advirtió que, si no asiste a la audiencia inicial, la suspensión será revocada y podrá ser detenido.
Aureoles Conejo enfrenta cargos por peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero. La FGR lo señala por presuntamente desviar más de 3 mil 400 millones de pesos, destinados a la construcción de siete cuarteles policiales en Michoacán, durante su mandato (2015–2021).
Los municipios afectados incluyen Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
EXFUNCIONARIOS VINCULADOS A PROCESO
En marzo pasado, cuatro de sus excolaboradores fueron vinculados a proceso y se encuentran en prisión preventiva justificada:
- Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas
- Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas en Seguridad Pública
- Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa
- Antonio Bernal Bustamante, exjefe de la SSP estatal
