El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular en 2025 debe continuar, reafirmando su carácter constitucional.
El TEPJF resolvió este lunes, por mayoría de tres votos contra dos, que el proceso electoral para la renovación del Poder Judicial Federal (PJF) no puede ser interrumpido, pese a las suspensiones otorgadas en diversos juicios de amparo.
El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, ponente del proyecto, destacó que la reforma judicial publicada el 15 de septiembre, que establece la elección directa de los integrantes del PJF, tiene un blindaje constitucional que garantiza su continuidad.
Según el fallo, el Senado de la República, el Instituto Nacional Electoral (INE) y demás autoridades involucradas están obligados a seguir adelante con la organización de los comicios.
ARGUMENTOS DE RESPALDO Y OPOSICIÓN
Fuentes Barrera subrayó que, conforme al artículo 41 de la Constitución, los actos relacionados con procesos electorales no pueden ser suspendidos, lo que refuerza la obligatoriedad de la elección judicial. Además, señaló que el TEPJF tiene la responsabilidad de dar certeza y seguridad jurídica a este proceso, al tratarse de un derecho ciudadano.
Sin embargo, los magistrados Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón se opusieron, argumentando que el fallo del TEPJF excede sus competencias y genera incertidumbre jurídica.
Ambos señalaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debería ser la instancia encargada de resolver los conflictos relacionados con las suspensiones judiciales.
EJERCICIO HISTÓRICO DE DEMOCRATIZACIÓN
La resolución del TEPJF refuerza el carácter obligatorio de la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca democratizar al Poder Judicial mediante el sufragio directo, libre y secreto.
El fallo establece que cualquier intento de suspender el proceso electoral carece de validez jurídica frente a la protección constitucional de la reforma.
Con esta decisión, el Tribunal exige a las instituciones involucradas garantizar el cumplimiento del proceso electoral, consolidándolo como un ejercicio inédito en la historia democrática de México. La resolución marca un hito en la transformación del sistema judicial y abre el debate sobre los alcances y límites de las competencias entre las distintas instituciones del Estado.
