Este viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de eliminar la ciudadanía por nacimiento en 28 estados de Estados Unidos propuesta por el presidente Donald Trump.
El fallo, redactado por la jueza Amy Coney Barrett (nombrada por Trump), sostiene que la autoridad de los tribunales está restringida a la jurisdicción específica de cada caso y no a la aplicación universal nacional.
¿Qué ocurrirá ahora?
Este dictamen abre paso al cumplimiento parcial de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 20 de enero, diseñada para negar la ciudadanía por nacimiento a hijos de personas indocumentadas o con estatus temporal en al menos 28 estados. Sin embargo, el alto tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de esta medida; simplemente consideró que los tribunales menores no tienen la facultad de bloquearla de manera general.
👱🏻♂️🇺🇸 El presidente #DonaldTrump calificó como una «victoria» el fallo. «Gracias a esta decisión podemos seguir con algunas políticas indebidamente bloqueadas». Insistió en que la #ciudadanía por nacimiento fue pensada para los «hijos de esclavos», no para #inmigrantes… pic.twitter.com/8Gz6KxiGfW
— Eunice Rendón (@EuniceRendon) June 27, 2025
Trump calificó el fallo como ‘brillante’ y una ‘gran victoria para la Constitución y el Estado de derecho’, celebrando también el que se respete el alcance limitado de los tribunales. Dijo que ahora su gobierno ‘puede recurrir a la justicia para avanzar con numerosas medidas que han sido prohibidas erróneamente a nivel nacional’.
Las tres juezas liberales —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— disintieron con vehemencia. Sotomayor calificó la decisión como ‘una farsa para el estado de derecho’, advirtiendo que permitirá un sistema judicial fragmentado y desigual.
Aunque el fallo permite que la orden de Trump entre en vigor en ciertos estados tras un periodo de 30 días, se prevé una oleada de demandas colectivas impulsadas por estados, fiscalías generales y organizaciones de derechos civiles. Defensores de derechos civiles advierten que el fallo generará una ciudadanía desigual según el estado de nacimiento y prometen nuevas batallas en tribunales inferiores.
En el futuro, la Corte podría volver a analizar la constitucionalidad del decreto. Por ahora, esta resolución marca un precedente significativo sobre los límites del poder judicial frente al ejecutivo.
