El gobierno federal impulsará un nuevo capítulo en la Ley Federal del Trabajo que reconoce la relación laboral entre repartidores y aplicaciones.
Esta reforma busca el reconocimiento de la relación laboral de repartidores y conductores de aplicaciones, así como el acceso a la seguridad social. El proyecto, elaborado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), protegerá a una fuerza de trabajo hasta ahora calificada como independiente.
Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la STPS, Marath Bolaños, presentaron la iniciativa que se enviará al Congreso de la Unión para regular el trabajo en aplicaciones como Uber, Didi y Rappi.
La propuesta incluye un nuevo capítulo en la Ley Federal del Trabajo (LFT) con reglas específicas para un modelo que escapa de los esquemas laborales tradicionales y garantiza derechos como el reparto de utilidades (PTU).
#GENERALℹ | @Claudiashein va por la regulación y mejoras de choferes y repartidores de plataformas como Uber, Didi y Rappi
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— El Piñero| Periodismo y Debate (@ELPINERO) October 16, 2024
SALARIO MÍNIMO Y TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO
La reforma tiene dos dimensiones: salario mínimo y tiempo efectivo de trabajo. Las empresas propietarias de aplicaciones deberán aportar a la seguridad social de los trabajadores cuando generen un ingreso equivalente a un salario mínimo.
Según la STPS, los trabajadores que generen ganancias iguales o superiores al salario mínimo tendrán todos los derechos establecidos en la Ley Federal del Trabajo y seguridad social plena. Este esquema beneficiará a más de 272,000 repartidores y conductores de apps.
La subordinación se configurará durante el tiempo efectivo de trabajo, entendido como el tiempo que pasa el repartidor desde que acepta un pedido hasta que completa la entrega. La iniciativa lo plantea como una subordinación discontinua.
Aunque los ingresos no alcancen el salario mínimo, los trabajadores estarán asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante el tiempo efectivo de trabajo. Esto beneficiará a cerca de 658,000 personas, según la STPS.
El proyecto también establece reglas para la desconexión de los trabajadores, como el incumplimiento con un pedido, y la obligación de registrar los contratos ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).
