La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la clausura definitiva de todas las escuelas privadas que operen bajo denominaciones como “militarizadas”, “militares” o “castrenses”. La medida deberá cumplirse antes del ciclo escolar 2026-2027 y busca garantizar que los estudiantes reciban educación en instituciones reconocidas y reguladas.
Las autoridades educativas estatales tendrán la obligación de supervisar el cierre de estos planteles, exigir la devolución de documentos oficiales y garantizar que se reintegren los pagos anticipados por servicios educativos que no fueron prestados.
ORIGEN DE LA DECISIÓN
La medida se da tras la muerte de Dafne Zapata, adolescente de 13 años, en un campamento organizado por una academia militarizada en Ciudad Madero, Tamaulipas. El caso generó indignación nacional y abrió un debate sobre la legalidad y seguridad de este tipo de instituciones.
Las secretarías de Educación de los estados deberán revisar minuciosamente:
- Autorizaciones para impartir educación básica.
- Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE).
- Programas académicos y publicidad.
- Actividades disciplinarias presentadas como entrenamiento militar.
- Permisos estatales o federales vigentes.
IMPACTO EN ESTUDIANTES
Aunque aún no se ha precisado el número de escuelas afectadas ni de estudiantes que deberán ser reubicados, la SEP aseguró que se garantizará el traslado seguro de los alumnos a instituciones regulares, con el fin de proteger su derecho a la educación.La decisión ha generado reacciones diversas: mientras algunos padres celebran la medida como un paso hacia la protección de los menores, otros expresan preocupación por la reubicación y continuidad académica de sus hijos. Organizaciones civiles han señalado que este cierre abre la oportunidad de discutir modelos educativos alternativos que fortalezcan la disciplina sin recurrir a prácticas militarizadas.
