El Senado mexicano declaró la constitucionalidad de una reforma al artículo 19 de la Constitución, ampliando el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa (PPO).
La modificación incluye delitos como extorsión, tráfico de precursores químicos, producción y distribución de fentanilo y otras drogas sintéticas, así como actividades relacionadas con comprobantes fiscales falsos.
Con 22 votos a favor y 10 en contra, la iniciativa fue avalada en comisiones y discutida en el pleno, donde Morena y sus aliados aseguraron su aprobación
El senador Saúl Monreal (Morena) defendió la reforma como una herramienta para combatir delitos graves y garantizar la presencia de los imputados en el proceso penal, argumentando que no constituye un castigo arbitrario.
Por otro lado, legisladores opositores, como Ricardo Anaya (PAN), señalaron que esta medida atenta contra derechos fundamentales como la presunción de inocencia, postura respaldada por la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La priista Claudia Anaya advirtió que la reforma podría debilitar aún más el artículo 19, limitando la capacidad de los jueces para interpretar la norma.
