Senado aprueba Ley de Telecomunicaciones de Sheinbaum

Este sábado, el Senado de la República aprobó, en lo general y particular, la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con 77 votos a favor (Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano) y 30 en contra (PAN y PRI), esta reforma implica una reestructura profunda del marco regulatorio del sector.

Se aprueba la ley con algunos cambios

Una de las modificaciones más destacadas es la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), organismo autónomo encargado de regular el sector desde 2013. En su lugar se crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), junto con una nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), órgano desconcentrado, autónomo técnica y operativamente, con cinco comisionados que el Ejecutivo propondrá y el Senado ratificará.

Se eliminaron artículos polémicos—como el 109, que permitía el bloqueo temporal de plataformas digitales—para proteger la libertad digital y evitar posibles censuras. No obstante, se conserva el artículo 209 fracción IX, que otorga a la Secretaría de Gobernación la facultad de suspender temporalmente publicidad de gobiernos extranjeros, salvo contenidos culturales, deportivos o turísticos.

La reforma fortalece los medios sin fines de lucro (sociales, comunitarios, indígenas, afromexicanos), otorgándoles autonomía financiera, editorial y acceso a tecnologías, en un intento por equilibrar el modelo mercantil dominante. Además, incorpora principios de independencia editorial, participación ciudadana, transparencia, diversidades ideológicas, étnicas y culturales, así como acceso universal a internet para 16 millones de mexicanos.

Se oponen a ley

Voces opositoras del PAN y PRI reconocen avances, pero advierten sobre riesgos persistentes: geolocalización sin orden judicial, posible creación de un registro móvil (PANAUT) que pone en riesgo la privacidad. También alertan de facultades discrecionales excesivas en la nueva agencia.

Según los promotores —como el morenista Javier Corral—, se logró un ‘gran esfuerzo’ para incorporar propuestas de expertos, pueblos originarios y la oposición, buscando un equilibrio entre objetivos regulatorios y derechos ciudadanos.