El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han puesto en marcha una investigación formal sobre el exministro Arturo Zaldívar por posibles actos de corrupción, incluyendo extorsión, enriquecimiento ilícito y otras conductas ilícitas.
Según un artículo publicado por el periodista Arturo Ángel en el portal Notitia Criminis, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, solicitó la apertura de la investigación tras recibir una denuncia anónima contra Zaldívar Lelo de Larrea, quien fuera expresidente de la Corte.
La investigación se inició el pasado 9 de abril, según el documento al que tuvo acceso el periodista.
En dicho documento, Piña Hernández ordena la apertura de la investigación tanto al Consejo de la Judicatura como a la Unidad General de Responsabilidades Administrativas de la SCJN, la única instancia con autoridad para investigar a Zaldívar.
¿Por qué se investiga a Arturo Zaldívar?
Según la denuncia anónima, Zaldívar supuestamente habría interferido en la autonomía e independencia de varios operadores del sistema de justicia para satisfacer intereses personales o de terceros.
Se le acusa de presionar a titulares de órganos jurisdiccionales para que fallaran a su favor, ofreciendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo e incluso dinero, o mediante extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones.
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Además de Zaldívar, otros funcionarios y exfuncionarios cercanos a él también están siendo investigados, según la denuncia anónima.
Se menciona a la excontralora Arely Gómez, ahora auditora especial en la Auditoría Superior de la Federación, y al magistrado Jaime Santana Turral, quien anteriormente estuvo a cargo de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del CJF.
La investigación, identificada con el número J/108/2024, también se extiende a Netzaí Sandoval Ballesteros, ex director general del Instituto de la Defensoría Pública Federal y actual jefe de la ponencia de la ministra Lenia Batres; Carlos Alpízar Salazar, exsecretario General de la presidencia de la Corte y considerado mano derecha de Zaldívar; y Edgar Manuel Bonilla del Ángel, ex titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.
Más de 50 implicados.
Además, se menciona una lista de más de 50 jueces y magistrados que, según la denuncia, bajo extorsión o complicidad con Zaldívar y su grupo, habrían aceptado resolver asuntos penales, administrativos, mercantiles y civiles según las indicaciones o «recomendaciones» recibidas.
En esta lista figura el nombre del juez Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la candidata a diputada Dolores Padierna, quien conoció el caso de Rosario Robles y la Estafa Maestra.
