El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitirá en enero de 2026 el requerimiento formal de pago por 51 mil millones de pesos a empresas de Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejara firmes los créditos fiscales en disputa.La información fue confirmada por Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde detalló el proceso legal que derivó en la resolución definitiva del caso.
Martínez Dagnino explicó que el litigio se originó a partir de resoluciones administrativas emitidas entre 2013 y 2018, en las que la autoridad fiscal determinó que diversas empresas del grupo aplicaron de forma improcedente pérdidas fiscales para el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2013.
“Entre 2013 y 2018 la autoridad fiscal determinó, a través de resoluciones administrativas, adeudos del impuesto sobre la renta, toda vez que las pérdidas fiscales utilizadas por las empresas eran improcedentes”, señaló el funcionario.
RUTA LEGAL DEL CASO
Tras las determinaciones del SAT, las empresas impugnaron los créditos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que entre 2019 y 2023 confirmó la procedencia de los adeudos.
Posteriormente, acudieron al Poder Judicial de la Federación, donde tribunales colegiados, durante 2024 y 2025, negaron los amparos solicitados y ratificaron las resoluciones previas.
Finalmente, el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el 13 de noviembre desechó las impugnaciones, dejando firme la obligación de pago.
Requerimiento de pago y opciones legales
Con la notificación ya realizada por la SCJN, el SAT emitirá en enero de 2026 el requerimiento formal de pago por 51 mil millones de pesos, momento a partir del cual iniciará el plazo para el pago voluntario.
Martínez Dagnino precisó que, conforme al Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes podrán solicitar ajustes a la baja de hasta 39%, dependiendo del esquema y el orden de pago que elijan.
“De conformidad con el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, es obligación de todas y todos contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa”, subrayó.
SHEINBAUM ACLARA QUE NO ES UN TEMA POLÍTICO
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que se trata de un asunto estrictamente legal, jurídico y administrativo, y descartó cualquier motivación política.
“Resolvió la Corte, se notifica en enero. Estas empresas tienen derecho, por como fueron las resoluciones de los tribunales previos, a solicitar descuentos de conformidad con el Código Fiscal. Entonces, se notifica en enero y esperemos que se pague”, declaró.
Agregó que, en caso de incumplimiento, se activarán otros procedimientos previstos en la ley, aunque aclaró que ese escenario se abordará posteriormente.
Sheinbaum indicó que solicitó a la Secretaría de Hacienda y al SAT mantener informada a la opinión pública sobre el avance del proceso una vez que inicie formalmente en enero de 2026.
Asimismo, señaló que la Procuraduría Fiscal y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno han supervisado el caso como parte de sus funciones institucionales, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley y la transparencia en el proceso de cobro.
