Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y una de las figuras más mediáticas del empresariado mexicano, volvió a colocarse en el centro del debate público tras defenderse de las acusaciones sobre una deuda fiscal millonaria. En entrevista con Código Magenta, aseguró estar dispuesto a pagar impuestos, pero únicamente los que considera “justos”, argumento que ha repetido en distintos espacios.
El empresario sostuvo que la exigencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 70,000 millones de pesos equivale a cinco años de utilidades netas de sus compañías. A su juicio, esa cifra es producto de “litigios grandes” y de una estrategia del gobierno federal para acallarlo, pues se considera “una voz incómoda para el régimen”.
No obstante, sus declaraciones carecen de un sustento claro más allá de la retórica política. Salinas insiste en la existencia de un supuesto pacto con el expresidente Andrés Manuel López Obrador —del cual asegura tener documentos firmados—, pero sin mostrar pruebas que respalden sus dichos.
VICTIMIZACIÓN Y ACUSACIONES DE “EXTORSIÓN”
Salinas Pliego también acusó al actual titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, de romper un acuerdo previo y de extorsionar a empresarios como Carlos Slim, Walmart o Femsa. Estas declaraciones, cargadas de señalamientos sin evidencias, buscan colocar al magnate como víctima de un aparato de presión fiscal, cuando en realidad el debate de fondo sigue siendo el mismo: ¿pagó o no los impuestos que la ley establece?
El empresario intentó minimizar el monto que se le reclama al compararlo con el costo de megaproyectos del actual gobierno, como el Tren Maya o la refinería Dos Bocas. “No pago ni el 15% del Tren”, dijo, en un intento de relativizar la magnitud de su deuda. Sin embargo, esta comparación resulta falaz: los proyectos de infraestructura no eximen a ningún contribuyente de sus obligaciones fiscales.
¿IMPUESTOS “JUSTOS” A LA MEDIDA DEL MAGNATE?
Aunque Ricardo Salinas asegura que sus empresas han pagado casi 300,000 millones de pesos en impuestos, sus propias palabras evidencian una visión personalizada de la ley tributaria: pagar sólo lo que él considere correcto. El problema es que en un Estado de derecho los impuestos no se negocian a conveniencia del contribuyente, menos aún cuando se trata de uno de los hombres más ricos del país.
