Luego de que detuvieran al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, se reveló que una de las denuncias clave en su contra fue presentada por la tequilera José Cuervo, que lo acusó de presuntos actos de extorsión, cobros irregulares y abuso de autoridad desde el gobierno municipal.
De acuerdo con la información que salió a la luz tras la aprehensión del edil, la empresa denunció ante la Fiscalía del Estado de Jalisco que el Ayuntamiento intentó imponerle pagos extraordinarios por concepto de impuesto predial, multas administrativas y otros gravámenes, por montos que, según la compañía, no estaban sustentados en la ley y resultaban desproporcionados. En algunos casos, los cobros habrían sido hasta 20 veces mayores a lo que correspondía legalmente.
La denuncia también señala que, ante la negativa de la empresa a cubrir dichas cantidades, el gobierno municipal recurrió a amenazas de clausura y a la imposición de sanciones administrativas. Uno de los episodios más delicados ocurrió cuando se intentó suspender operaciones en una de las plantas de la firma, lo que implicaba riesgos técnicos y de seguridad, situación que obligó a la intervención de autoridades estatales.
Aunque posteriormente se llegó a un acuerdo para reducir los montos reclamados y se retiraron sellos de clausura, José Cuervo decidió mantener la denuncia penal, al considerar que existió un patrón de presión indebida por parte del alcalde y funcionarios municipales.
Tras la detención de Rivera Navarro, también se conoció que otras empresas del municipio, entre ellas productores de tequila y establecimientos turísticos, habrían presentado quejas similares por cobros arbitrarios y amenazas administrativas durante su gestión.
El caso del alcalde de Tequila ha generado atención nacional no solo por el peso económico y simbólico de José Cuervo en la región, sino porque expone posibles redes de corrupción y extorsión dentro de gobiernos locales. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la responsabilidad del edil y de otros funcionarios involucrados.
