Mauricio Hernández, conocido como “El Tomate”, era señalado como uno de los principales operadores de la organización criminal Unión Tepito. Su historial incluía vínculos con hechos violentos de alto impacto, como la balacera en Plaza Garibaldi en 2018, que dejó seis muertos y siete heridos.
Fue recapturado el 23 de marzo de 2023 durante un cateo en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde las autoridades aseguraron drogas listas para su comercialización, armas de fuego y cartuchos útiles. Tras enfrentar cargos por portación de arma de fuego y delitos contra la salud, fue trasladado al Reclusorio Varonil Sur el 25 de febrero de 2024.
LA MUERTE EN CUSTODIA: ¿QUÉ OCURRIÓ?
El 1 de septiembre de 2025, “El Tomate” murió dentro del Reclusorio Varonil Sur, ubicado en San Mateo Xalpa, alcaldía Xochimilco. Las primeras versiones indican que sufrió complicaciones gastrointestinales que derivaron en un paro cardiorespiratorio. Sin embargo, testigos afirman que no recibió atención médica oportuna por parte del personal penitenciario, lo que habría precipitado su fallecimiento.
NEGLIGENCIA INSTITUCIONAL Y JUSTICIA SIMBÓLICA
La muerte de “El Tomate” en prisión abre una grieta en el discurso oficial sobre justicia y rehabilitación. Aunque se trataba de un interno con perfil de alto riesgo, su fallecimiento por presunta negligencia médica revela una forma de violencia estructural ejercida por omisión. El Estado, al tener bajo su custodia a una persona, asume la responsabilidad de garantizar su integridad física. Cuando esa garantía se rompe, no solo se vulneran derechos individuales, sino que se erosiona la legitimidad del sistema penitenciario.
Este tipo de muertes suele quedar atrapado entre dos narrativas: la del castigo merecido que refuerza el imaginario punitivo, y la del olvido burocrático que deshumaniza incluso a quienes están bajo custodia legal. En ambos casos, se pierde la oportunidad de construir memoria pública y exigir rendición de cuentas.
