Por José García
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La Ciudad de México no cuenta con una Constitución propia. La entrante legislatura tiene el objetivo de crear una normatividad de la que carecen los capitalinos y una de sus prioridades es la vivienda, de la que se ha hecho una manera de dominio, del pobre contra el rico, una sumisión indigna del arrendador sobre el arrendatario desde el primer momento de su relación contractual.
Un contrato es que el que se efectúa entre dos partes, en igualdad de circunstancias y en este tipo de contrato hay todo menos igualdad, incluso hay intromisión a la privacidad de las personas.
En la Ciudad de México, Morena y sus aliados tienen las facultades necesarias para convertirse en un Congreso Constituyente con la mayoría calificada, por lo que, a la hora de elaborar una Constitución, no habría problema alguno para aprobarla.
Dentro de las normatividades que se anuncian es que los caseros con casas y departamentos en renta, independientemente de la carestía que en este rubro presenta la renta de viviendas por rentar por fines de semana o por mes, es urgente establecer la igualdad de circunstancias en las bases del contrato de renta.
Hay leyes nuevas para esta Constitución, por ejemplo, tres ejes relacionados con la renta de vivienda: la primera fue una propuesta aprobada en la que ninguna renta podrá ser aumentada por encima del índice de inflación; registro digital de los contratos de arrendamiento y la obligación del Estado de construir vivienda en renta.
La propiedad privada en México, que se convirtió en privilegio a través de las rentas de casas habitación, su concentración creó latifundios urbanos, a grado tal de regresar a los tiempos prerrevolucionarios. Hace más de 100 años, murieron en la Revolución Mexicana más de un millón de mexicanos. El campo, las haciendas, los trabajadores, los hijos de los trabajadores, las mujeres de los trabajadores, tenían dueño.
Ahora que se diseñará una Constitución para la ciudad de México debe considerarse la posibilidad de que, por lo menos, quienes rentan casas, paguen los impuestos que les corresponden.
Los actuales propietarios de cientos de casas y departamentos de renta, son, en muchos casos, sobrinos, hijos, nietos de los hacendados, están cómodamente instalados en las filas de los conservadores evasores.
El poseer inmuebles no es un delito, menos aún un riesgo para el dueño que cree que puede perder sus propiedades si vota por tal o cual partido, el conflicto surge cuando se explotan esos espacios y no se pagan impuestos por esa percepción, lo cual es cada vez más común.
En realidad, todo el proceso de obtener un lugar de renta para vivir, desde el principio, implica sumisión de quien renta, debido a que las condiciones son no sólo estrictas sino represivas, pero, sobre todo, obligatorias. Los contratos ni siquiera están supervisados por la autoridad sino que los propietarios los redactan a su conveniencia y la gente los acepta sin reclamar ante la urgencia de vivienda.
Los contratos son leoninos, se exige intereses después de cinco días de tardanza del pago de la renta, se aumentan porcentajes desproporcionados, se dan el lujo de admitir o rechazar al inquilino incluso antes de la conclusión del contrato, hasta exigen que si hay un adeudo y si los deudores mueren, sus hijos tienen la obligación de pagar la deuda al propietario.
Los recibos de renta son hojas sin membrete siquiera, sin folio, sin código de barras, sin código QR. Es decir, no pagan impuestos por el dinero recibido por rentas. Y cuando son descubiertos aseguran que tienen prestados los departamentos a familiares y amigos, por eso no les cobran renta, y los inquilinos por la necesidad de tener un lugar dónde vivir, aceptan todas las condiciones de los propietarios que son auténticos evasores fiscales y, por lo tanto, delincuentes.
Así, condiciones, malos tratos, evasiones fiscales, complicidades se extienden a los inquilinos, quienes a los pocos meses de rentarle al dueño evasor se convierten en sus cómplices y los intimidan los dueños diciéndoles que, si no denunciaron a tiempo, los inquilinos son tan culpables como los propietarios y la impunidad se consolida.
La renta se ha convertido en un pago de derecho de piso legaloide, donde el inquilino está a merced de los caprichos de los propietarios, quienes evaden varias leyes, cometiendo delitos que quedan en la impunidad.
Los delincuentes que cobran derecho de piso lo hacen arriesgando su vida, sin que eso deje de ser un delito, pero el casero lo hace con la mano en la cintura y con la impunidad garantizada, con el peor chantaje que puede hacerle alguien al prójimo, la amenaza permanente de dejarlo en la calle.
La explotación de los inquilinos es privilegio y monopolio de los caseros. Nadie quiere quitarle nada a nadie, simplemente que haya una normatividad humana en ese proceso de renta, y se paguen impuestos los caseros porque es su obligación pagar, de otra manera se está infringiendo la ley. El casero debería denunciar a su casero, de manera anónima ante los malos tratos de sus caseros, que no son pocos
Es una mafia organizada, apoyada por abogados, jueces y ministros, que se expande no sólo en influencia política sino en territorio porque hay quienes son propietarios de colonias enteras en la Ciudad de México, es decir, latifundios urbanos que pueden provocar movimientos como en ocurrido en 1910.
No se trata de quitarles las propiedades sino de gravar con impuestos sus ganancias improductivas, que obtienen sin despeinarse.
