Por Aldo San Pedro
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La inteligencia artificial (IA) representa una revolución tecnológica comparable con los avances industriales del siglo pasado. Su potencial para transformar economías, cerrar brechas sociales y resolver problemas complejos es inmenso. Sin embargo, en México la regulación de esta tecnología se encuentra estancada, poniendo en riesgo su futuro competitivo en el escenario global.
Desde 2020, se han presentado 58 iniciativas legislativas relacionadas con la IA en el Congreso. Ninguna ha sido aprobada. Esta parálisis legislativa refleja la falta de consenso y una gobernanza fragmentada. Sin un marco normativo consolidado, el país no solo pierde oportunidades de desarrollo, sino que también se expone a riesgos como la discriminación algorítmica y la dependencia tecnológica de soluciones extranjeras. La ausencia de regulación no es neutral: perpetúa desigualdades y limita la innovación.
El impacto de no actuar ya es evidente. Según datos de la Agenda Nacional de IA (2024-2030), solo el 20% de la fuerza laboral mexicana posee competencias digitales avanzadas, una cifra preocupante en un mundo donde las habilidades tecnológicas son esenciales. Además, más del 30% de la población carece de acceso a conectividad de calidad, lo que acentúa las brechas entre zonas urbanas y rurales. Estos déficits no solo limitan el acceso a la IA, sino que también obstaculizan su desarrollo como herramienta para la inclusión social y el crecimiento económico.
Un marco regulatorio efectivo podría cambiar esta realidad. Proyecciones estiman que la implementación de la IA podría incrementar el PIB del país hasta un 14% para 2030. Esto implica oportunidades de empleo, mejoras en servicios como salud y educación, y la posibilidad de reducir desigualdades sociales mediante la inclusión digital. Además, según la Agenda Nacional de IA (2024-2030), una regulación adecuada podría fortalecer la confianza de los ciudadanos en el uso de esta tecnología, un factor clave para su adopción masiva.
La creación de una Agencia Nacional para la Gobernanza de la IA (ANGIA) es un paso necesario. Esta entidad debería centralizar funciones regulatorias, fomentar la innovación responsable y garantizar la protección de derechos fundamentales. Modelos internacionales, como el Artificial Intelligence Act de la Unión Europea, ofrecen guías útiles. Este marco clasifica los sistemas de IA según niveles de riesgo, garantizando que las aplicaciones de alto impacto cumplan con estándares estrictos de transparencia y ética. Brasil y Chile también han adoptado regulaciones híbridas que equilibran la promoción de la tecnología con salvaguardas legales. El país podría inspirarse en estos ejemplos para construir un modelo propio, adaptado a sus necesidades.
Un aspecto clave es la inversión en infraestructura. La nación necesita aumentar su capacidad de cómputo, fomentar la creación de centros de datos regionales y promover la interoperabilidad de sistemas. Estas medidas no solo fortalecerían la capacidad del país para desarrollar tecnología de IA, sino que también permitirían un acceso más equitativo a sus beneficios. Además, según el índice Latinoamericano de IA 2023, la baja inversión en tecnología es uno de los principales factores que impiden al país competir con otras naciones como Brasil y Chile, que han avanzado significativamente en la implementación de soluciones de IA.
Desde el Congreso, es esencial establecer un marco normativo que trascienda los enfoques fragmentados. La creación de una Ley General de Inteligencia Artificial sería un primer paso, estructurando un marco que defina competencias específicas entre los niveles de gobierno y establezca mecanismos de vigilancia y evaluación. Es necesario formar una comisión bicameral especializada en tecnologías emergentes, compuesta por legisladores capacitados en temas digitales y respaldada por expertos técnicos. Esto permitirá evaluar con rigor las implicaciones de las iniciativas legislativas y garantizar que se promuevan políticas públicas que equilibren la innovación tecnológica con la protección de derechos fundamentales. Además, la inclusión de cláusulas sobre transparencia y rendición de cuentas en las iniciativas relacionadas con IA reforzará la confianza ciudadana en el proceso legislativo.
La transparencia y la protección de datos son dos temas urgentes porque constituyen pilares fundamentales para el desarrollo ético y sostenible de la IA. La transparencia permite comprender cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial y bajo qué criterios toman decisiones que afectan directamente a las personas. Sin ella, se corre el riesgo de que algoritmos opacos perpetúen sesgos, generen discriminación o incluso tomen decisiones equivocadas en sectores críticos como salud, justicia o finanzas. Por otro lado, la protección de datos es esencial para resguardar la privacidad de la ciudadanía en un entorno donde la IA se alimenta de grandes volúmenes de información personal. La ausencia de mecanismos claros podría derivar en abusos, como la vigilancia masiva, el robo de identidad o la explotación indebida de datos sensibles. Regular estos temas con urgencia no solo garantiza el respeto a los derechos fundamentales, sino que también fomenta la confianza de las y los usuarios, facilitando la adopción y el uso responsable de estas tecnologías.
La educación también juega un papel fundamental. Actualmente, el país enfrenta una fuga de talento significativo en el área tecnológica, con profesionales que emigran hacia naciones con entornos más competitivos. Implementar programas de capacitación que preparen a la fuerza laboral para los retos de la IA es una prioridad. Esto incluye desde talleres técnicos hasta iniciativas en universidades que integren la ética y la transparencia en el diseño de sistemas de IA. Además, fomentar la participación de mujeres y comunidades marginadas es clave para construir un ecosistema diverso e inclusivo.
Un marco regulatorio no solo debe enfocarse en los aspectos técnicos, sino también en garantizar la equidad. Los sistemas de IA tienen el potencial de reproducir y amplificar sesgos existentes, afectando desproporcionadamente a comunidades marginadas. Por ello, cualquier regulación debe incluir mecanismos claros para identificar y mitigar sesgos algorítmicos. Esto es especialmente relevante en aplicaciones de IA utilizadas en salud, justicia y educación, donde los errores pueden tener consecuencias graves.
También es crucial garantizar que las comunidades rurales tengan acceso a los beneficios de la IA. En el país, más de 25 millones de personas viven en zonas con conectividad limitada. Implementar iniciativas que amplíen la infraestructura tecnológica a estas regiones no solo reduciría desigualdades, sino que también permitiría utilizar la IA en sectores clave como la agricultura, mejorando la productividad y el acceso a mercados.
Finalmente, es crucial destacar el papel de la colaboración multisectorial. Gobiernos, empresas, sociedad civil y academia deben trabajar juntos para construir un ecosistema de IA inclusivo y sostenible. Este enfoque colaborativo garantizará que las políticas públicas reflejen las necesidades reales del país, mientras se fomenta la confianza de la ciudadanía en las tecnologías emergentes. En países como Finlandia, esta colaboración ha permitido desarrollar programas de alfabetización digital que han beneficiado a millones de personas, un modelo que podría replicarse en nuestro país.
La regulación de la IA en México no es solo un desafío técnico, sino un imperativo estratégico. La ausencia de un marco normativo consolidado representa un riesgo para el desarrollo económico, la inclusión social y la soberanía tecnológica. Actuar ahora es una obligación histórica. Con voluntad política, inversión estratégica y colaboración multisectorial, el país tiene el potencial de liderar en la región, transformando los retos actuales en ventajas competitivas y cimentando un futuro equitativo y tecnológicamente avanzado.
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