Una jueza ha ordenado que el avance de la reforma judicial se frene en el Senado mexicano y que, en caso de que continúe el proceso legislativo, no se envíe el proyecto de decreto a las legislaturas estatales.
Este miércoles, una jueza federal en Cuernavaca, Morelos, otorgó una suspensión definitiva contra la reforma del Poder Judicial de la Federación (PJF).
La decisión busca bloquear la aprobación de dicha reforma, que ya fue avalada en la Cámara de Diputados ese mismo día y que se había enviado al Senado para su análisis, el cual comenzaría el próximo domingo en comisiones y se sometería a votación el miércoles 11 de septiembre.
La jueza Martha Magaña López, del Quinto Distrito en Morelos, otorgó la suspensión dentro del mismo amparo en el que previamente había dictado una medida provisional que prohibía a los diputados discutir la reforma.
Ahora, ha ordenado que la iniciativa no siga su curso en el Senado y que no se envíe a las legislaturas estatales para su aprobación, en caso de que el proceso legislativo continúe.
El fallo establece que el dictamen no puede ser considerado ni aprobado por la nueva legislatura, ni enviado a los estados o la Ciudad de México, hasta que se resuelva de manera definitiva el juicio de amparo.
“La suspensión del acto reclamado es viable, dado que el proceso legislativo aún no ha concluido. La iniciativa de reforma constitucional será votada por el Senado y, posteriormente, deberá ser avalada por las legislaturas locales. En este punto, es posible detener el avance para evaluar las inconformidades de los promoventes”, añade la resolución.
La reforma judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, propone la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Aunque la reforma fue aprobada en lo general en la Cámara de Diputados y enviada al Senado, sigue generando controversias.
La votación en la Cámara de Diputados, contó con 357 votos a favor de la mayoría oficialista, integrada por Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM), y 130 votos en contra por parte de la oposición. Posteriormente, el dictamen fue aprobado en lo particular.
