La reciente declaración de constitucionalidad de la reforma judicial, impulsada por Morena y sus aliados, ha generado un intenso debate en el Senado de la República.
El PAN argumenta que esta reforma, que establece la improcedencia de impugnaciones contra cualquier modificación constitucional, no debe tener efectos retroactivos y reitera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la responsabilidad de salvaguardar los derechos fundamentales.
La SCJN se reunirá el próximo martes para resolver sobre la legalidad de esta reforma, que algunos sectores consideran un intento de imposibilitar cualquier cuestionamiento judicial a cambios en la Constitución.
INSISTEN EN RECHAZAR EL EFECTO RETROACTIVO
El PAN en el Senado ha subrayado que ningún marco legal debe aplicarse de forma retroactiva, posición que mantienen en medio de un proceso de impugnación de dichas modificaciones.
Los senadores panistas han expresado su apoyo a la SCJN en su papel de garante de la legalidad y el Estado de derecho.
Confían en que el tribunal constitucional realice un análisis riguroso y objetivo de las impugnaciones presentadas, asegurando así la protección de los derechos ciudadanos.
“La llamada supremacía constitucional, que más bien parece una pretensión de hegemonía de Morena, de ninguna manera anula las impugnaciones a la reforma al Poder Judicial,” afirmó la bancada panista.
LA REFORMA YA FUE DECLARADA CONSTITUCIONAL
El pasado jueves, el Congreso de la Unión formalizó la declaratoria de constitucionalidad de esta reforma, que establece la improcedencia de controversias constitucionales y juicios de amparo en contra de modificaciones a la Carta Magna.
Tras la declaratoria, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, instruyó a la dirección jurídica de la Cámara Alta para que, una vez promulgada y publicada la reforma, solicite a la SCJN el sobreseimiento de toda controversia constitucional en curso.
Esta resolución de la SCJN será determinante para el curso de las impugnaciones y se espera que siente un precedente en el proceso de revisión judicial de futuras reformas constitucionales, un tema que, para la oposición, es clave en la defensa del equilibrio de poderes y el respeto a los derechos fundamentales en México.
