Por Christian López
X: @chriz_lopez
El 1 de enero de 1995, el entonces presidente Ernesto Zedillo, a la sobra del catastrófico error de diciembre, cerró la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante casi un mes, promulgando de un plumazo una reforma constitucional al Poder Judicial -que se hizo a puerta cerrada con el argumento de que era una demanda ciudadana- y retirando a 26 de los ministros que la componían, entre el primer día de la “discusión” de tal reforma en el Congreso federal, su aprobación en los congresos locales, el cierre de la Corte para promulgar la ley y la reapertura de la misma pasaron solamente 52 días.
Nadie llamó dictador ni autoritario al presidente Zedillo, cuando era un claro movimiento para concentrar el poder en sus manos de cara a su guerra contra el ex presidente Carlos Salinas, quien tenía el control político del país y del partido oficial; sin embargo al profundizar su alianza con Acción Nacional acelerando el proceso de cogobierno al entregarles el poder judicial, Zedillo ganaba la potencia suficiente para encarcelar a Raúl Salinas, sin la posibilidad de que lo liberaran los jueces afines a su familia, y controlar efectivamente el poder en México, mientras que al mismo tiempo utilizaba la experiencia política y administrativa del PRI en cuanto a la creación de instituciones para institucionalizar la corrupción sentando como pilar primordial una estructura judicial que les asegurara la impunidad.
Unos pocos años antes, ese mismo PRI que institucionalizó la Revolución Mexicana, la primera revolución social del siglo XX, la asesinó; la Revolución Rusa murió en el ´89 con La Caída del Muro de Berlín en 1989, la Revolución Mexicana murió en el ´88 con “La Caída del Sistema”, acelerando en ambos caso un proceso de desmantelamiento del Estado en beneficio exclusivo de un pequeño grupo de poder que necesita una institución judicial a su servicio que vele por sus propios intereses y no por el bien común. Hoy el Poder Judicial no es libre ni autónomo, es claramente una herramienta de la derecha.
Ni el presidente Zedillo ni su antecesor hablaron públicamente de alguna intención o proyecto de reformar el Poder Judicial y Zedillo llevó a cabo la reforma en lo oscurito, a diferencia del proyecto actual de la 4T que ha hablado durante al menos 2 décadas de la necesidad de esta reforma, además de que fue parte de la plataforma de las campañas presidenciales de 2018 y de 2024 siendo, por tanto y abiertamente, parte del proyecto que recibió un voto masivo de mas del 60% de quienes asistieron a emitir su sufragio el pasado 2 de junio.
En dicho proyecto la intención no es la concentración del poder en manos de un presidente saliente, sino el dar un viraje al poder judicial y que este comience a velar por los intereses de las grandes mayorías.
Ya profundizaremos los argumentos técnico-jurídicos en artículos posteriores, este solo trata de arrojar un análisis general de la necesidad de la reforma y su significado, ¿Cuál es, desde mi perspectiva, el mayor postulado detrás de esta reforma? La sanción social de la injusticia a través de un proceso de elección de jueces y magistrados, me refiero a que en un país donde la impunidad y la injusticia son la norma en los tribunales, la posibilidad de que los jueces que emitan sentencias en perjuicio del interés del soberano, sea sancionado por el mismo al quedar fuera del ejercicio de sus funciones.
Además una forma de profundizar la democracia, pues como dice el Artículo 39 constitucional: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar y modificar la forma de gobierno.
Interpretando, de manera literal, el artículo referido es una facultad del pueblo modificar instituciones, como el Poder Judicial, que componen los órganos de administración del Estado cuando estos no funcionan en favor de sus intereses y es por ello también, que a diferencia de lo ocurrido en esos 52 días que culminaron el 26 de enero de 1995, hoy la Cuarta Transformación sale a las plazas públicas para hablar de la propuesta de reforma, informar a la ciudadanía, concentra y terminar de construir el texto que finalmente será puesto en la constitución por la mayoría otorgada por el pueblo el pasado 2 de junio a nivel federal y en 27 de los 32 congresos locales.
