Una oscura red de jueces ha operado durante años para proteger al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de enfrentar la justicia.
Pese a estar acusado por lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal equiparada, distintos personajes del Poder Judicial y algunos legisladores han encubierto al exgobernador panista.
Tras su desafuero en abril de 2021, aprobado por la Cámara de Diputados a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), el Congreso local dominado por el Partido Acción Nacional (PAN), se apresuró a blindarlo con un acuerdo que desconocía la decisión federal. Más tarde, la Suprema Corte validó esta acción, permitiendo que Cabeza de Vaca concluyera su mandato con total impunidad.
RECURSOS LEGALES AL SERVICIO DE CABEZA DE VACA
Desde entonces, el exmandatario panista ha evadido la ley mediante una red de amparos y suspensiones judiciales emitidas por jueces afines. Uno de ellos, el juez Faustino Gutiérrez Pérez, le otorgó protección legal desde su juzgado en Reynosa. Tras jubilarse, ha sido acusado de convertirse en su abogado personal, operando influencias dentro del Poder Judicial.
Otro actor clave es el juez Juan Fernando Alvarado López, quien otorgó suspensiones contra órdenes de aprehensión y fichas rojas de Interpol tanto a Cabeza de Vaca como a sus familiares y allegados. Por estos actos, el juez fue suspendido y enfrenta denuncias penales, mientras acumula más de 30 quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal.
¡Fuera jueces corruptos!
Congresistas de @PartidoMorenaMx exhiben a red de jueces que protegen al narcogoberladrón @fgcabezadevaca 👇🏻@CharlyTamps | @zorrotapatio | @ElCentinelaInf | @perez_ga | @minusplusver pic.twitter.com/aYFfzWTFuC
— Zeltzin Juárez (@zeltzinjuareze) May 8, 2025
EL ‘AUTOBLINDAJE’ DEL EXGOBERNADOR
Además, antes de abandonar el poder, García Cabeza de Vaca se reformó la Constitución estatal para conservar escoltas armados del cuerpo élite GOPES, y luego amparó a sus elementos para que no fueran reasignados.
Intentó también obtener fuero como diputado federal, falsificando presuntamente su residencia. Aunque el INE y el TEPJF lo rechazaron, nuevamente el juez Alvarado intentó revertir la decisión.
Algunos legisladores de Morena acusan que estos actos son parte de una estructura de corrupción judicial que ha blindado a un presunto delincuente.
Nadie debe proteger a un prófugo, denunció la senadora Olga Sosa.
