El gobernador Alejandro Armenta aseguró que en Puebla se combate la impunidad y se atiende la seguridad con resultados concretos, mediante una estrecha coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
El mandatario estatal destacó que el trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno ha permitido avanzar en la construcción de un estado de paz y bienestar para la población.
Armenta puntualizó que a través de las mesas de seguridad se coordinan acciones estratégicas con la participación de dependencias federales y estatales, fiscalías, iniciativa privada, municipios y sociedad civil, con el objetivo de garantizar el bienestar y la tranquilidad de las y los poblanos.

TECNOLOGÍA COMO HERRAMIENTA CLAVE EN LA INVESTIGACIÓN
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, afirmó que el uso de la tecnología es fundamental en las labores de investigación, como parte del Eje 3 de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Destacó que la tecnología adquirida durante el último año ha fortalecido la coordinación entre el personal operativo en campo, las áreas de investigación y el C5i, mejorando la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad.

Drones inteligentes para la prevención del delito
El funcionario anunció que durante este año se integrará un sistema de drones inteligentes con bases logísticas de recarga automática. Este proyecto será presentado en los próximos 40 días mediante una demostración en campo y permitirá incrementar la eficiencia en la prevención del delito.

RESULTADOS DE LOS OPERATIVOS COORDINADOS
Finalmente, Sánchez González informó que, como resultado del trabajo interinstitucional y de acciones estratégicas implementadas del 11 de diciembre a la fecha, se han ejecutado 67 operativos que derivaron en la detención de 344 personas.
De estas, 258 fueron puestas a disposición del juez cívico por faltas administrativas como alterar el orden público, conducir en estado de ebriedad e ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, entre otras conductas.