Este viernes 20 de diciembre, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un decreto que marca un hito en la estructura administrativa del país al eliminar a siete organismos autónomos como parte de una reforma en materia de simplificación administrativa. Las funciones de estos organismos serán reasignadas a dependencias de la administración pública federal.
El decreto otorga al Congreso de la Unión un plazo de 90 días naturales para realizar las modificaciones legislativas necesarias para implementar la medida.
Los organismos afectados son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
REASIGNACIÓN DE FUNCIONES
De acuerdo con el documento, las atribuciones de estos organismos serán asumidas por distintas dependencias federales:
- INAI: Sus funciones pasarán a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
- IFT: Será absorbido por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
- Coneval: Sus responsabilidades se trasladarán al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
- Cofece: Se integrará a la Secretaría de Economía (SE).
- CRE y CNH: Estas comisiones serán asumidas por la Secretaría de Energía (Sener).
- Mejoredu: Pasará a formar parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
OBJETIVOS DE LA REFORMA
El decreto destaca que las adecuaciones legislativas deben evitar duplicidades de funciones y priorizar la integración de órganos desconcentrados dentro de las dependencias correspondientes.
Además, los ahorros generados por la desaparición de estos organismos serán canalizados al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
GARANTÍAS LABORALES Y MECANISMOS DE TRANSPARENCIA
En el artículo séptimo transitorio se especifica que los derechos laborales de las personas servidoras públicas serán respetados. Los recursos humanos de los organismos eliminados serán reasignados a las nuevas dependencias responsables de sus funciones, siempre que así corresponda.
En cuanto a la transparencia, el decreto establece que se implementarán mecanismos para garantizar el acceso a la información pública y procedimientos de revisión ágiles, los cuales estarán a cargo de las instancias competentes.
REACCIONES Y PERSPECTIVAS
La desaparición de estos organismos ha generado un intenso debate en los ámbitos político y social. Mientras el gobierno federal defiende la medida como una estrategia para optimizar recursos y fortalecer la administración pública, sectores críticos expresan preocupación por posibles retrocesos en temas de autonomía, transparencia y regulación.
El cumplimiento de los plazos establecidos en el decreto será clave para determinar el impacto real de esta reforma en el funcionamiento del Estado mexicano.
