En un evento histórico, comenzó formalmente el proceso de transición gubernamental en Puebla, encabezado por el gobernador en funciones Sergio Salomón Céspedes y el gobernador electo Alejandro Armenta. Este proceso, que se extenderá durante los próximos 81 días, culminará con la ceremonia de toma de protesta el 14 de diciembre. Ambos líderes coincidieron en que esta transición no es solo un acto protocolario, sino el inicio de una nueva etapa de progreso y desarrollo para el estado.
El gobernador Sergio Salomón Céspedes destacó la importancia de garantizar una transición transparente, eficiente y responsable, siguiendo los principios de la Cuarta Transformación.
«Hoy inicia una nueva etapa para nuestro querido estado, que no podría estar en mejores manos que en las de Alejandro Armenta», afirmó el mandatario en funciones al expresar su gratitud hacia su equipo de trabajo y pedir su compromiso para asegurar que los proyectos en marcha continúen sin interrupciones.
GRAN INSTITUCIONALIDAD
Por su parte, el gobernador electo Alejandro Armenta agradeció la generosidad y disposición del gobierno saliente; destacó la institucionalidad y el respeto que han caracterizado esta transición. Subrayó que la colaboración entre ambos equipos permitirá que su administración inicie con el ritmo administrativo que Puebla merece.
«Esta etapa nos permitirá llegar con un impulso extraordinario para continuar y superar el trabajo realizado hasta ahora, en beneficio de las y los poblanos»
Ambos gobernadores coincidieron en la importancia de mantener una administración cercana a la gente, que escuche y respete la diversidad del estado. El gobernador electo reafirmó su compromiso con los principios de la Cuarta Transformación y con el bienestar de Puebla, en plena concordancia con los principios que enarbolan tanto la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, como el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el proceso se han establecido mesas de trabajo en áreas clave como finanzas, seguridad, infraestructura, economía y salud, para asegurar una continuidad efectiva en las políticas públicas del estado.
