El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una iniciativa de ley para prohibir los vapeadores, luego de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, anulara el decreto que el Ejecutivo emitió en mayo de 2022 en favor de la salud del pueblo de México.
“Voy a enviar una iniciativa de ley antes de irme para prohibir lo de los vapeadores porque está demostrado técnica, científicamente, que dañan a los jóvenes, les destruyen los pulmones, todas las vías respiratorias. ¿Cómo me voy a quedar así nada más porque ya Laynez decidió?”
Al encabezar la conferencia de prensa matutina cuestionó los argumentos del ministro Laynez para cancelar el decreto que protegía la salud de miles de jóvenes y la población en general.
“No se midió y, si hacen la revisión, argumenta o esgrime que afecta la relación comercial, mercantil. ¿Y la salud dónde queda, el daño tan terrible que hacen los vapeadores?”, refirió ante representantes de medios de comunicación.
El tabaco es perjudicial en todas sus presentaciones, por lo que es mentira que los vapeadores, los cigarrillos electrónicos y el tabaco calentado sean alternativas para dejar de fumar. Se muestran como productos inofensivos, sin embargo, sus efectos son nocivos; provocan enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma, infartos y cáncer, entre otros.
SCJN ANULA DECRETO
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió este miércoles un amparo que favorece a un establecimiento contra el decreto hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador que prohíbe la circulación y venta de cigarros electrónicos y vapeadores.
A lo largo de la discusión de este recurso de reclamación estuvo presente la ministra Loretta Ortiz, quien pertenece a la Primera Sala, para participar en la votación de dos asuntos pendientes, entre estos el juicio de amparo presentado por La Cabrería Grill Pizza.
Con tres votos a favor y dos en contra, los ministros aprobaron el recurso porque consideraron fundado el argumento en el que acusó que se ve vulnerado su derecho a la libertad de comercio.
Frente a esto la resolución del expediente 636/2023 expone que se “procede a conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa contra el decreto reclamado”