Por Fadlala Akabani*
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Como único reducto del conservadurismo neoliberal y su putrefacción institucional, el Poder Judicial defiende con uñas y dientes los ahora extintos fideicomisos a través de los cuales la burocracia dorada enquistada en la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral se da una vida de lujos absurdos a cuenta del erario en la más absoluta opacidad.
Sólo por comenzar, tengamos en cuenta que un fideicomiso es una figura jurídica mediante la cual el fideicomitente transmite bienes y recursos económicos a un fiduciario para que sean administrados en beneficio de un tercero que se denomina beneficiario.
En este caso concreto, el fideicomitente es el gobierno de México, mientras que el Poder Judicial es la entidad fiduciaria, pero al mismo tiempo se ha constituido en beneficiario de bienes y recursos, que en teoría deberían usarse para el acceso a la justicia, pero se han convertido en privilegio de una élite burocrática que elude toda rendición de cuentas escudada en el secreto bancario.
El pasado 11 de octubre, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó (con 30 votos a favor, 21 en contra y cero abstenciones) el dictamen mediante el cual se extinguen 13 de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial, que ascienden a un monto de 20 mil 516 millones de pesos, de los cuales, al menos 15 mil 500 millones de pesos serán reintegrados a la Tesorería de la Federación.
Cabe tener en cuenta que el Poder Judicial contó para este debate con la defensa de insignes oradores como Margarita Zavala, quien airada señaló que se trata de una “venganza perversa” que atenta contra derechos de magistrados y jueces. Claro, un insensato y anacrónico principio juarista de austeridad republicana que niega el inalienable derecho a acumular recursos no ejercidos (es decir, no devueltos a la SHCP) para garantizar hasta por 100 años el pago de jubilaciones extraordinarias —como seguro de gastos médicos mayores— de mandos superiores, no más de 34 ministros (11 en activo y 22 en retiro) por más de 6 mil millones de pesos.
Asimismo, los imprescriptibles derechos laborales como contar con partidas presupuestales para la remodelación de viviendas de jueces y ministros, la renovación de iPads y equipo de cómputo, arrendamiento de vehículos para uso personal, apoyo para lentes, comedor, ropa, cursos de yoga y todo lo que sea humanamente indispensable para facilitar el trabajo que heroicamente es devengado con sueldos superiores a los 700 mil pesos mensuales como ministro de SCJN.
Políticamente, el presidente López Obrador tendió un puente de diálogo con la cúpula del Poder Judicial, al proponerles redireccionar dichos recursos en favor de una causa verdadera del pueblo de México, como las becas para niños y jóvenes que les permiten contar con mejores condiciones para estudiar y trabajar. A la contra, incluso del sentido común, la cúpula del Poder Judicial azuza, coacciona y utiliza a empleados administrativos y operativos para realizar un paro de labores, así como violentas protestas en las que se quemó una piñata alusiva al Presidente de México, sin que nadie en la oposición mezquina ni en la prensa chayotera denunciara o criticara tan deleznable acto.
Nada que ver con el escándalo que armaron cuando en una protesta se quemó una imagen de Norma Piña, es decir, el mismo acto. Nada de inconsistencia argumental o doble moral, no, como lo ha demostrado el conservadurismo con su burda e ignorante posición en favor del genocidio del pueblo palestino en Gaza, para ellos, la violencia sólo es condenable cuando esto no convenga a su narrativa.
Dadas las condiciones actuales podemos anticipar que el Poder Judicial y la menguada oposición continuarán defendiendo lo indefendible y representando cada vez a un sector más marginal del electorado; al momento, la 4T cuenta con la suficiente fuerza legislativa para aprobar el Presupuesto 2024 sin necesidad de ceder ante el chantaje de una élite burocrática y la cada vez menos efectiva andanada mediática.
Claudia Sheinbaum ha asumido la responsabilidad de acabar con la sombra de la corrupción dentro del Poder Judicial, proceso fundamental de lo que será cimiento en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación de cara al periodo 2024-2030. Como cloaca de descomposición institucional que se ha erigido en brazo jurídico del crimen organizado, el Poder Judicial habrá de ser transformado en favor de la legalidad y la justicia para alcanzar la paz que anhelamos para nuestro país y las generaciones por venir.
El primer paso implica articular el respaldo social a la 4T en una nueva mayoría legislativa, capaz de hacer que magistrados, jueces y ministros sean sometidos al escrutinio popular mediante elecciones.
*Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México
