La ratificación de la nueva ley de Desarrollo Social se pospone debido a la ausencia de quórum. La oposición denuncia la reducción de competencias en las demarcaciones.
La nueva Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social, propuesta por el jefe de Gobierno Martí Batres y posteriormente enmendada por los legisladores respecto a las competencias de las alcaldías, ha visto su aprobación suspendida este jueves. La pausa se debe a un enfrentamiento entre los legisladores de Morena y la coalición PAN-PRI-PRD sobre la interpretación de la ley. Morena sostiene que las modificaciones tienen como fin evitar la redundancia entre los programas sociales municipales y los federales, asegurando así la eficiencia.
Por otro lado, la coalición opositora argumenta que las enmiendas buscan despojar a las alcaldías de la autoridad para diseñar y ejecutar estos programas.
El Congreso aprobó en general la nueva Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social con 37 votos a favor, aunque se pospuso la votación de ciertos artículos controvertidos. La oposición exige la reincorporación del término ‘alcaldías’ en el texto, eliminado por el diputado de Morena, Alberto Martínez Urincho. Tras un debate extenso y la falta de quórum, la sesión se suspendió y continuará el próximo martes.
LAS REACCIONES EN EL CONGRESO DE LA CDMX
Polimnia Romana Sierra, diputada del PRD, acusa a Morena de alterar la propuesta original del ejecutivo capitalino, que sí contemplaba la participación de las alcaldías en la gestión y creación de programas sociales.
Por su parte, Maxta González del PRI, enfatizó la importancia de los programas sociales locales como complemento a los federales y recordó que su partido fue pionero en esta iniciativa, continuada por Andrés Manuel López Obrador, exmiembro del PRI.
Martha Ávila, coordinadora de Morena, rechazó las acusaciones de la oposición, calificándolas de infundadas y criticando su postura ante la constitucionalidad de la ley.
El PRIAN siempre ha rechazado los programas sociales, ya sea absteniéndose o ausentándose en las votaciones. Sin embargo, no dudan en reclamar crédito y engañar descaradamente cuando les conviene políticamente, afirmó.
Valentina Batres, legisladora de Morena, aseguró que las alcaldías mantendrán su autonomía financiera, lo cual les permite asignar recursos a las políticas sociales que elijan, un derecho respaldado por la Constitución y las leyes vigentes.
