Octavio Martínez presenta iniciativa para la elección de personas juzgadoras

El diputado Octavio Martínez Vargas (Morena) presentó una iniciativa de reforma constitucional ante la LXII Legislatura del Estado de México, con el objetivo de actualizar el marco normativo estatal en materia judicial.

La propuesta establece que magistradas, magistrados, juezas y jueces del Poder Judicial del Estado de México sean elegidos por voto popular, con la posibilidad de reelección, para un período de nueve años. Además, propone que su remuneración no exceda la del Ejecutivo Federal.

La reforma propone que la elección de las personas juzgadoras se realice el mismo día que las elecciones ordinarias de diputados del Congreso estatal. La Legislatura mexiquense sería responsable de emitir la convocatoria y cada poder del Estado integraría un comité para evaluar a los aspirantes y elaborar una lista de personas idóneas. El Instituto Electoral del Estado de México procesaría las candidaturas.

CAMBIOS EN LOS ORGANISMOS

Una de las propuestas clave es reemplazar el actual Consejo de la Judicatura por un Tribunal de Disciplina Judicial, que será responsable de investigar y sancionar a los servidores públicos del Poder Judicial mexiquense que incumplan con la Constitución y las leyes. Este tribunal estará compuesto por cinco magistrados elegidos por la ciudadanía, con un mandato de seis años y sin posibilidad de reelección.

La iniciativa también propone la creación de un Consejo de Administración Judicial, encargado de gestionar la estructura y administración de los tribunales y juzgados. Este consejo se encargará de regular el ingreso, formación y promoción del personal judicial y administrativo. Estará compuesto por cinco consejeros, con un mandato de seis años.

La reforma también establece que las magistraturas del Tribunal Electoral del Estado de México sean elegidas de forma directa y secreta. Además, se prioriza la paridad de género y se fomenta la participación ciudadana en controversias constitucionales.

Esta reforma busca fortalecer el Poder Judicial del Estado de México y garantizar un sistema de justicia más transparente e independiente.