El ministro Irving Espinosa Betanzo votó en contra de incluir en el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para 2027 una partida destinada a restituir los seguros de gastos médicos mayores para personal del tribunal.
El ministro argumentó que los recursos públicos deben administrarse bajo criterios de austeridad, responsabilidad y eficiencia. Consideró que el acceso a servicios privados de salud no debe financiarse con dinero público cuando las personas servidoras públicas ya cuentan con las prestaciones establecidas por ley.
Espinosa Betanzo sostuvo que su postura es congruente con su propuesta de una justicia “cercana, austera y sin privilegios”. También planteó que el presupuesto de la Corte debe concentrarse en sus funciones sustantivas y en fortalecer el acceso a la justicia.
CORTE PIDE MÁS DE 6 MIL MILLONES DE PESOS PARA 2027
La posición del ministro se da en medio de la polémica por el anteproyecto presupuestal de la SCJN, que contempla 6 mil 104 millones de pesos para 2027.
La Corte sostiene que el incremento real sería de 12.7% y que ocho de cada 10 pesos adicionales se destinarían a salarios y prestaciones previstas en la legislación y en las condiciones laborales vigentes.
El tribunal también recordó que durante los últimos dos ejercicios enfrentó recortes presupuestales y señaló que, como parte de las medidas de austeridad, eliminó algunas prestaciones para ministros y altos mandos, redujo plazas administrativas y canceló otros gastos.
La partida para seguros médicos fue aprobada por seis votos y contempla al personal de la institución, pero no a las ministras y ministros. Su eventual contratación dependerá de la disponibilidad de recursos y de la aprobación del presupuesto por la Cámara de Diputados.
LENIA BATRES TAMBIÉN VOTÓ CONTRA EL SEGURO
La ministra Lenia Batres Guadarrama coincidió con Espinosa Betanzo al rechazar la previsión para seguros médicos privados. Además, votó contra el anteproyecto presupuestal en su conjunto y cuestionó el aumento solicitado para 2027.
Batres señaló que la prestación beneficiaría a más de 300 trabajadores de mandos medios y superiores y argumentó que el Poder Judicial ya cubre las cuotas correspondientes al ISSSTE.
La ministra también ha cuestionado otras partidas y prestaciones del Poder Judicial, en un debate que ha generado tensiones dentro del Pleno.
El anteproyecto aún deberá avanzar en el procedimiento presupuestal y será la Cámara de Diputados la que determine los recursos que finalmente recibirá la Suprema Corte en 2027.
