El presidente argentino, Javier Milei, ha firmado el veto a un proyecto de ley recientemente aprobado por el Congreso, el cual buscaba reformar el sistema de actualización de pensiones.
Esta decisión, anunciada previamente por el Ejecutivo, ha generado una fuerte ola de críticas.
Se espera que el veto sea publicado en el Boletín Oficial el próximo lunes, aunque fuentes de la Casa Rosada confirmaron que Milei ya firmó la resolución hoy.
La firma del veto se produjo tras una reunión entre el presidente y legisladores tanto del oficialismo como de la oposición dialoguista.
El proyecto vetado, aprobado por el Senado el 22 de agosto, proponía una fórmula de actualización mensual para las jubilaciones, combinando el índice de inflación con la variación promedio de los salarios formales y un ajuste extraordinario del 8.1 por ciento.
El veto de Milei llega tras varios anuncios del Ejecutivo sobre los costos asociados a la medida, que se estiman en un 1.2 por ciento del PBI y que podrían llevar al Estado a asumir deuda adicional.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, argumentó que la propuesta de gasto sin recursos adecuados busca desestabilizar el equilibrio fiscal.
La Constitución argentina permite al presidente vetar total o parcialmente una ley, pero el Parlamento puede revertir esta decisión si somete nuevamente el proyecto a votación y obtiene el respaldo de dos tercios de ambas cámaras legislativas.
Desde la asunción de Milei el 10 de diciembre, las pensiones han sido afectadas por el ajuste fiscal del Gobierno.
Aunque en marzo el presidente actualizó las pensiones por decreto, esta actualización no se basó en la fórmula establecida en 2021.
Con una inflación interanual del 263.4 por ciento, una de las más altas del mundo, el 65 por ciento de los 6.5 millones de jubilados en Argentina recibe pensiones mínimas y refuerzos de emergencia que alcanzan los 305 dólares mensuales al tipo de cambio oficial, lo que representa el 82 por ciento del salario mínimo legal.
El miércoles pasado, unos 2.500 jubilados marcharon desde el Congreso hacia la Casa Rosada para protestar contra el veto presidencial, argumentando que la ley vetada no ofrecía un aumento suficiente.
Durante la protesta, se produjeron enfrentamientos con la Policía, que recurrió al uso de gas pimienta y porras para dispersar a los manifestantes, en cumplimiento del protocolo antidisturbios dispuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
