El gobierno de México ha recibido el apoyo de fiscales y procuradores de 16 estados de Estados Unidos y del Distrito de Columbia en su demanda contra fabricantes de armas, quienes, según el país latinoamericano, facilitan el tráfico de sus productos y contribuyen a la violencia en territorio mexicano.
Hasta la fecha, la Suprema Corte de Estados Unidos ha recibido nueve escritos de «Amigos de la Corte» en favor de la postura mexicana. La demanda, presentada en 2021 contra siete fabricantes y un distribuidor mayorista, fue desestimada en 2022 pero reactivada en 2024 por un tribunal de apelación.
ARGUMENTOS CONTRA LA INMUNIDAD TOTAL DE LOS FABRICANTES
Los fiscales estatales argumentan que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) no protege a las compañías cuando sus propias acciones facilitan actividades delictivas. La demanda mexicana exige una compensación de 10 mil millones de dólares por presuntas prácticas comerciales negligentes que han incrementado los homicidios en el país.
Grupos como Everytown for Gun Safety y March for Our Lives también han manifestado su apoyo a México, sosteniendo que los fabricantes conocen los efectos de sus armas y deben asumir responsabilidad. Argumentan que la PLCAA no exime a las empresas de responsabilidad cuando sus acciones facilitan crímenes.
OPOSICIÓN DE ESTADOS Y LÍDERES PROARMAS
Por otro lado, 27 estados, así como figuras políticas como el senador Ted Cruz y organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle, han presentado 17 escritos en defensa de los fabricantes. Argumentan que la violencia en México es resultado de fallas gubernamentales y no de la venta de armas en EU.
La primera audiencia del caso se celebrará el 5 de marzo, cuando ambas partes presentarán sus argumentos. La decisión de la Corte podría sentar un precedente en la regulación y responsabilidad de la industria armamentista en Estados Unidos.
