El gobierno de México expuso ayer sus argumentos ante la Suprema Corte de Estados Unidos en contra de empresas fabricantes de armas, acusándolas de llevar a cabo prácticas comerciales negligentes que facilitan el tráfico ilegal de armas a territorio mexicano.
Durante la audiencia, el gobierno mexicano argumentó que las acciones y omisiones de los fabricantes permiten que sus productos lleguen a manos de grupos criminales en México, lo que genera violencia y sufrimiento en la población.
Previo a la audiencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó en su conferencia matutina que datos recientes del propio gobierno estadounidense respaldan la postura de México.
“Ellos tienen la prueba, la prueba más contundente: el propio Departamento de Justicia lo reconoció”, declaró la mandataria.
En enero, un informe del Departamento de Justicia de EU reveló que el 74% de las armas incautadas en México provienen ilegalmente de los Estados Unidos, fortaleciendo el reclamo del gobierno mexicano.
EL LITIGIO Y SU CAMINO EN LOS TRIBUNALES
La demanda de México contra ocho fabricantes de armas fue presentada en 2021 y, aunque inicialmente fue desechada, en 2024 un tribunal de apelaciones permitió su avance. Ante esta decisión, las empresas demandadas solicitaron la intervención de la Suprema Corte de EU para frenar la reclamación mexicana.
México argumentó ante el tribunal que las empresas demandadas no deben gozar de inmunidad bajo la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de Estados Unidos, ya que sus prácticas contribuyen al tráfico ilícito de armas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores aclaró que la demanda no cuestiona el derecho constitucional de los estadounidenses a portar armas, sino que se centra en el tráfico ilegal hacia México y las prácticas irresponsables de los fabricantes.
ESPERANDO LA DECISIÓN DE LA CORTE
Se prevé que la Suprema Corte de Estados Unidos emita su fallo a finales del segundo trimestre del año.
El equipo legal que representa a México está conformado por Jonathan Lowy, presidente de Global Action on Gun Violence, y Steve Shadowen, además del consultor jurídico de la cancillería, Pablo Arrocha Olabuenaga, y Fadia Ibrahim, directora de Litigios sobre Privilegios e Inmunidades de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En la audiencia, los argumentos orales fueron presentados por la abogada Cate Stetson, del equipo jurídico de México.
