El caso de Kristina Vladimirovna Románova, una adolescente de nacionalidad rusa bajo resguardo del Estado mexicano, ha escalado a un conflicto diplomático entre México y Rusia, luego de que el gobierno ruso exigiera su repatriación y acceso consular inmediato. La menor fue ingresada en 2023 a un centro del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), tras detectarse posibles riesgos en su entorno familiar, incluyendo denuncias por presunto abuso.
Desde entonces, autoridades mexicanas han sostenido que su permanencia bajo resguardo responde a la necesidad de proteger su integridad física y emocional.
El caso se volvió público tras una Alerta Amber emitida en 2024 por su desaparición en Toluca. Sin embargo, su madre adoptiva aseguró que la joven no desapareció, sino que fue retirada por autoridades del DIF.
Posteriormente, la adolescente fue localizada en Tijuana y trasladada nuevamente al Estado de México, donde permanece bajo custodia institucional.
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— Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 30, 2024
RUSIA EXIGE ACCESO CONSULAR Y REPATRIACIÓN
El gobierno ruso ha tomado el caso como una prioridad diplomática. Su cancillería convocó al embajador de México en Moscú para expresar preocupación por lo que considera una “retención ilegal” de su ciudadana.
Además, Moscú exige acceso consular inmediato y que se faciliten las condiciones para el retorno de la menor a Rusia.
Acusaciones de “desaparición forzada” y tensión bilateral
La menor Kristina Vladimirovna Romanova, desaparecida en Toluca, fue secuestrada por tratantes de personas, denuncia su madre Marina Romanova, madre de Kristina Vladimirovna Romanova. Atención @FGR_EdoMex NO encubran a tratantes de mujeres @delfinagomeza pónganse a trabajar! pic.twitter.com/LEz2X7GVGS
— preciso.com sa de cv (@preciso_com) October 1, 2024
Autoridades rusas han calificado el caso incluso como una posible “desaparición forzada”, acusando falta de respuesta por parte del gobierno mexicano.
En contraste, México sostiene que se trata de un caso de protección institucional ante posibles riesgos familiares, lo que ha generado un choque de posturas entre ambos países.
La situación de Kristina Románova permanece sin resolución definitiva. Mientras México prioriza la protección de la menor, Rusia insiste en su derecho a intervenir como país de origen, manteniendo abierto un conflicto diplomático que sigue en desarrollo.
