Los Rico Moreno: la familia enriquecida con favores del gobierno de Hidalgo

Los hermanos Rico Moreno son un punto importante a tratar en el gobierno de Hidalgo, pues la constructora Sylma perteneciente a ellos, se hizo millonaria gracias a los contratos que Maco Antonio Rico Moreno le dio a la empresa de sus hermanas cuando fue subsecretario de Obras Públicas.

Esta empresa se constituyó en 2004 como una sociedad mercantil que valía 100 mil pesos y que pertenencia a las hermanas Sylvia Jesús y María de los Ángeles Rico Moreno, así lo señala la escritura pública con folio 24, 347, fechada el 26 de febrero de ese año y de la que dio fe el Notario Público 3 de Pachuca.

No obstante, entre 2016 y 2017, la empresa recibió contratos millonarios por parte de la administración que dirigía el priista Francisco Olvera y en la que trabajaba el hermano de las mujeres.

En 2016 obtuvo contratos por 346 millones 51 mil 33 pesos, a la par que en los primeros meses del año siguiente se llevó 38 millones 85 mil 169 pesos también por contratos de obras realizadas para el gobierno.

El expediente que vio la luz pública a raíz de las denuncias de García Vázquez reveló que 91 licencias de construcción otorgadas a Sylma fueron obtenidas mientras Marco Antonio Rico Moreno.

Por lo que menos siete miembros de la familia Rico Moreno son accionistas en nueve empresas más: Operadora Brilho, Concretos Doema, Construcciones Rihema, Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Rico, Inmobiliaria Edoma, Aero Servicios Ejecutivos RM, Promotora de Espacios Residenciales Hidalgo, Operadora de Eventos Nikkia, Constructora Rial del Valle y Veviher.

La información se reveló luego de la constructora fuera denunciada por Leonardo García Vázquez por irregularidades en el fraccionamiento en él que el compró una propiedad y que fue construido por Sylma, además que el ciudadano que denunció el posible conflicto de interés con funcionarios del gobierno.

El hombre dio una entrevista a un periódico local y la empresa de Rico Moreno lo demandó por el delito de difamación, debido a que, asegura el juez, el ciudadano debió acudir a las instancias legales del gobierno de Hidalgo, en lugar de haber acudido a los medios de comunicación para denunciar las irregularidades.

 

 

Con información de Breaking y La Silla Rota