La Comisión de Puntos Constitucionales discutirá importantes reformas para transferir el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con el objetivo de mejorar la seguridad y protección ciudadana en México.
Además se busca implementar coperaciones más efectivas para la protección de la población.
La iniciativa, responde a la necesidad de enfrentar el crimen organizado, que desde 2007 ha tenido un impacto profundo en la vida económica, política y social de México. Los grupos criminales han estado involucrados en actividades ilícitas como el narcotráfico, secuestro, extorsión y otros delitos que afectan gravemente los derechos y libertades de los ciudadanos.
UNA NUEVA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA
La propuesta contrasta con la estrategia de seguridad del pasado, conocida como la ‘guerra contra el narcotráfico’, iniciada por el presidente Felipe Calderón el 11 de diciembre de 2006. Esta estrategia, que involucró a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, fue criticada por no respetar los derechos humanos y por exacerbar la violencia criminal.
En cambio, la actual administración ha implementado una nueva Política de Seguridad Pública, centrada en el respeto a los derechos humanos, la construcción de la paz y la profesionalización de las fuerzas policiales. La Guardia Nacional, formada principalmente por personal con experiencia militar, es vista como un pilar de esta política.
Las reformas propuestas a 12 artículos de la Constitución justifican que la GN requiere de operaciones dinámicas para proteger eficazmente a la población, lo que justifica su adscripción a la Sedena. La reforma busca establecer que, aunque la GN tenga una formación militar, su acción será puramente policial, con un compromiso firme con los derechos humanos y la actuación dentro del marco legal.
